Rocha dimite como gobernador tras acusaciones sobre sus vínculos con los cárteles

Un gobernador del estado mexicano Sinaloa, acusado por Estados Unidos de ayudar a uno de los cárteles de la droga más poderosos del país, anunció su separación del cargo en la víspera, el cual fue ocupado de manera interina por su secretaria de Gobierno, mientras se lleva a cabo una investigación en México sobre los cargos.

En un comunicado, Rubén Rocha afirmó que era inocente y que abandonaba su cargo con la "conciencia tranquila". Criticó los cargos que Estados Unidos le imputa como un ataque al movimiento político gobernante al que pertenece.

El Departamento de Justicia de EEUU anunció el miércoles que imputó a Rocha y a otros funcionarios por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, lo que representa una escalada significativa en las acciones estadounidenses contra los cárteles y es probable que aumente las tensiones entre Estados Unidos y México.

El sábado, el Congreso de Sinaloa aprobó la designación de Yeraldine Bonilla como nueva gobernadora interina, tras la separación de Rocha del cargo.

Rocha pertenece al mismo partido Morena de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que convierte la acusación estadounidense anunciada el miércoles en un tema espinoso para la mandataria. Rocha es también un aliado de larga data del predecesor y mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de Rocha, la acusación también imputó a una serie de otros funcionarios mexicanos actuales y anteriores por presuntamente conspirar con el Cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos.

Si bien la corrupción es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, indignados por la supuesta connivencia entre políticos y grupos del crimen organizado, también existe una enorme sensibilidad en el país respecto a la injerencia de Estados Unidos, especialmente en un momento en que el presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con una acción militar estadounidense contra los cárteles.

Sheinbaum se ha comprometido a defender la soberanía mexicana, exigiendo que la relación con la superpotencia económica y militar del norte sea de igualdad y no de subordinación.

La decisión de Rocha de apartarse se produjo en un momento en que Estados Unidos ha estado ejerciendo una presión cada vez mayor sobre México para que intensifique sus esfuerzos por erradicar la corrupción y la connivencia de los funcionarios con el crimen organizado.

Sheinbaum había declarado anteriormente que las solicitudes de extradición de Estados Unidos que acompañaban a los cargos tendrían que ser evaluadas por México y que se requerirían "pruebas claras"para que se ejecutaran las órdenes de detención.

La embajada de Estados Unidos en Ciudad de México no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré", dijo Rocha en un video difundido por el Gobierno del Estado de Sinaloa en X.

El viernes, la Fiscalía General de la República informó que rechazó detener provisionalmente a Rocha y a otras nueve personas, ya que no existen elementos de prueba para responder así a esta solicitud hecha por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia.

Sheinbaum dijo el jueves que si se prueban las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador del estado norteño Sinaloa por narcotráfico, su país actuará conforme a derecho, pero si no, quedará en evidencia que hay un objetivo "político" de Washington.

Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, también pidió licencia. Posteriormente fue aprobada la designación de Ana Miriam Ramos.

El Departamento de Justicia sostiene que el gobernador fue elegido en el cargo en 2021 con la ayuda de una facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de su fundador, Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos como "Los Chapitos", quienes presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales a cambio de la promesa de Rocha de permitir que el grupo operara con impunidad y distribuyera drogas en territorio estadounidense.

Más tarde el sábado, el senador del partido oficialista Morena, Enrique Inzunza, otro de los 10 funcionarios vinculados al narcotráfico por el DOJ, dijo que de ser necesario acudirá a “cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”.