Repsol provisiona US$1.755millones por la expropiación de YPF

La petrolera se dispone a sellar un acuerdo definitivo con Argentina para la indemnización por YPF, pero se ve obligada a realizar provisiones por la caída del valor de la participación nacionalizada de su antigua filia argentina. El preacuerdo con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contempla una compensación de US$5.000 millones de dólares en bonos garantizados argentinos, pero Repsol contabiliza en libros su participación en YPF en US$7.220 millones.

Repsol se prepara para dar por cerrado el penoso capítulo de la expropiación de YPF. La petrolera española alcanzó el pasado noviembre un principio de acuerdo con el Gobierno argentino para recibir una indemnización por la nacionalización de un 51% de su antigua filial. Y como la compensación será menor al valor que la compañía lo tiene contabilizado en sus libros, Repsol ha empezado ya realizar provisiones para sanear el balance.

Repsol ha anunciado hoy que, con cargo a sus cuentas de 2013, provisionará US$1.755 millones para compensar el desfase. La petrolera española presentará la próxima semana su cuenta de resultados anuales y, en paralelo, se espera que en su consejo de administración del próximo martes dé luz verde a un acuerdo definitivo con Argentina. En cualquier caso, el anuncio de las provisiones implica, en la práctica, que la petrolera aprobará el acuerdo.

Repsol y Buenos Aires sellaron en noviembre un principio de acuerdo que contemplaba una indemnización de US$5.000 millones de dólares que se abonaría en bonos argentinos garantizados. Desde entonces, ambas partes han estado negociando los detalles del acuerdo y posibles garantías de pago.

La compensación pactada, aún a la espera de confirmarse, es inferior a los US$7.224 millones en que Repsol tiene contabilizada su participación en libros. Y la compensación, además, está a años luz de los US$10.500 millones que la petrolera española reclamaba por la expropiación y que, según su criterio, era la cifra compensatoria que estipulaban los propios estatutos de YPF.

Aún por debajo de las pretensiones iniciales, el acuerdo supone para la petrolera española despejar las dudas sobre la resolución de un larguísimo litigio legal y cuyo resultado era cuando menos incierto. El proceso abierto ante el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial) podría dilatarse años y años, y las múltiples demandas presentadas en España, Argentina y Estados Unidos no tenían el éxito garantizado. El principio de acuerdo conlleva poner fin a todos los procesos legales abiertos.