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Repsol da un paso más en la batalla legal por la expropiación de YPF. La petrolera española ha formalizado hoy la presentación de una demanda ante el Banco Mundial contra el Gobierno argentino por la decisión de expropiar, el pasado abril, casi la totalidad de su participación accionarial en la compañía argentina.

Repsol denuncia a Argentina por violar el acuerdo bilateral con España de protección recíproca de inversiones de 1991, según un comunicado remitido por la compañía a la CNMV. La petrolera española considera que la expropiación de YPF fue "discriminatoria" y que "no respetó las disposiciones legales", según Reuters citando fuentes que han tenido acceso a la demanda.

La demanda ha sido presentada ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. En el escrito la compañía española no cifra la indemnización que reclamará al Gobierno argentino, que deberá ser detallada en un paso posterior el proceso.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ya cifró el día después de la expropiación en el entorno de los 8.000 millones de euros la valoración de su participación del 57% en el accionariado de YPF. Una indemnización a la que habría que sumar, además, la reclamación de otras compensaciones millonarias por los daños sufridos por la pérdida de activos que han acabado en manos de la petrolera argentina.

En concreto, Brufau apuntó que solo la valoración del gran yacimiento de Vaca Muerta, uno de los mayores del mundo de hidrocarburos no convencioanes, alcanzaría los 14.000 millones. El megayacimiento de Vaca Muerta fue descubierto por YPF cuando estaba bajo el paraguas de Repsol.

Próximamente el Ciadi deberá constituir el tribunal de arbitraje encargado del caso al que Repsol y el Gobierno argentino deberán presentar sus escritos de alegaciones completos sobre el fondo del asunto. Sera en dichos escritos en los que tanto Repsol como su filial Repsol Butano concretarán las compensaciones que reclamará a la República Argentina.

El grupo español subraya, no obstante, que existe "la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas". Hasta ahora, el Gobierno de Buenos Aires se ha negado a negociar indemnización alguna.