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Si bien el país ha crecido más rápido que sus pares regionales en los últimos años, ha estado intentando controlar su déficit fiscal
Según un organismo de control financiero, los legisladores peruanos están impulsando reformas en los salarios y pensiones públicas que podrían añadir 12.000 millones de soles (US$3.450 millones) al gasto durante el próximo año.
En las últimas semanas, el Congreso ha dado luz verde a una serie de medidas que incluyen el aumento de las pensiones para militares y policías, así como la concesión de prestaciones laborales a trabajadores públicos temporales, entre otras. Durante el último año y medio, el Congreso también ha impulsado decenas de propuestas de reducción de impuestos. Estas últimas propuestas supondrían una importante carga para las arcas de una de las economías más estables de América Latina.
“Eso es una hemorragia fiscal”, afirmó Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal del Perú, un organismo público encargado de supervisar las finanzas del país. El costo de estas reformas recién aprobadas asciende a más de 1% del producto interno bruto de la nación andina, añadió.
Si bien Perú ha crecido más rápido que sus pares regionales en los últimos años, ha estado intentando controlar su déficit fiscal. El país se propone limitarlo a 1,8% del PIB este año, tras haber alcanzado su meta de 2,2% en 2025 por primera vez en tres años. Todo esto forma parte de un plan para reducir el déficit a 1% para 2028.
Dadas las costosas reformas y que el resultado del año pasado se logró en parte gracias a los precios récord de la minería, será "prácticamente imposible" que Perú cumpla sus objetivos, dijo Segura.
La última medida aprobada, que supondrá una gran presión para las arcas peruanas, aumenta las pensiones de los maestros jubilados de escuelas públicas y se estima que costará 5.600 millones de soles anuales (US$1.6 millones). El proyecto de ley fue aprobado a pesar de las advertencias previas del Consejo Fiscal y de que la expresidenta Dina Boluarte lo había devuelto al Congreso en octubre pasado con reservas.
Otro proyecto de ley que el gobierno de Boluarte había remitido, pero que finalmente fue aprobado en el pleno la semana pasada, modifica el sistema de pensiones para el personal policial y militar y se prevé que cueste casi 3.800 millones de soles (US$1 millón) al año a largo plazo.
Ahora le corresponde al nuevo gobierno del presidente interino José María Balcázar llevar estas reformas al Tribunal Constitucional, algo que el gobernador del banco central, Julio Velarde, respaldó el viernes durante una conferencia de prensa.
“El país se está debilitando sin duda”, dijo Velarde.
Segura cree que esta situación demuestra el “desequilibrio” de poderes en Perú, donde los gobiernos sin mayoría parlamentaria a menudo están “a merced del Congreso”, dijo.
En parte debido a eso, Perú ha tenido más presidentes en los últimos años que prácticamente cualquier otra nación del mundo. Balcázar, quien asumió el cargo el mes pasado, es el noveno jefe de Estado desde 2016 y su mandato está previsto que finalice en julio, cuando quien gane las próximas elecciones asumirá la presidencia.
“Estamos empezando con el pie izquierdo en el gobierno, las medidas que podría tomar la nueva administración se están debilitando”, dijo Velarde.
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