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Según Roselló, se le pedirá a la junta de Supervisión Fiscal, que fue establecida previamente por el Congreso de Estados Unidos, que se puedan a coger al Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. Esta será la mayor reestructuración local de un estado de Estados Unidos.
El funcionario dijo que la idea es asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía y el pago de la nómina pública. "No ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico", dijo el gobernador.
La agencia de noticias Bloomberg reportó que la medida llega luego de que no se haya logrado un acuerdo con los acreedores, para que pagaran menos, y aumentaran el número de demandas judiciales en contra de la isla.
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