Puerto Rico se acerca a default y pide reestructuración

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, sorprendió a los inversionistas en junio cuando dijo que la deuda de la isla -por un total de US$72.000 millones - era impagable y que requería de reestructuración.

Puerto Rico dijo que probablemente incumpla con un pago por US$58 millones que debe el 1 de agosto sobre la deuda de su Corporación Pública de Finanzas.

Según la declaración de una oferta de deuda de 2014, Puerto Rico nunca ha caído en incumplimiento en el pago de deudas principales ni de sus intereses.

Un no pago sería el más notable desde que Detroit, que tenía cerca de US$8.000 millones en deuda, incumplió el pago de US$1.450 millones de bonos de pensiones asegurados antes de solicitar protección por bancarrota en 2013, y posteriormente en más de US$600 millones en bonos generales.

El jefe de Gabinete de Puerto Rico, Víctor Suárez, dijo el lunes que el Estado libre asociado a Estados Unidos no tiene el flujo de cuenta corriente para pagar por los bonos de la Corporación Pública de Finanzas.

También persiste la duda respecto a si Puerto Rico cumplirá con un pago de deuda por US$169,6 millones  del Banco de Desarrollo del Gobierno, que vence el 1 de agosto. Suárez dijo que la isla hará “todo lo posible” para asegurar su pago.  El miércoles, Suárez dijo a los periodistas en San Juan que el no pago de una deuda no constituiría default.

Sin embargo, la agencia de calificación de crédito Standard & Poor’s dijo que consideraría un no pago sobre los bonos de la Corporación Pública de Finanzas en su fecha de vencimiento como default, al igual que Moody’s.

“(Sería) el primer fracaso por parte del Gobierno para pagar una deuda a los inversionistas públicos e indica la debilidad de la capacidad y voluntad del Gobierno para pagar”, comentó Timothy Blake, director gerente del grupo de finanzas públicas de Moody’s.

A comienzos de junio, una corte estadounidense confirmó una decisión de primera instancia para anular la legislación puertorriqueña destinada a conceder a los distritos locales el derecho de entrar en bancarrota, pero dijo que excluir a las entidades públicas del estado libre asociado de una ley federal de quiebras era inconstitucional. 

“Además de ser irracional y arbitraria, la exclusión del poder de Puerto Rico para autorizar que sus distritos soliciten el alivio de la bancarrota federal debe ser reexaminada a la luz de la más reciente revisión de jurisprudencia sobre bases racionales”, dijo la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.