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En un artículo publicado en el último número de la revista en el que analiza el incremento de países en los que se propone la creación de una renta de este tipo, 'The Economist' afirma tajante que "los promotores de un ingreso básico subestiman cómo de disruptivo sería".
En primer lugar, la publicación advierte sobre el elevado gasto que conllevaría esta medida, que sería "increíblemente costosa". En su opinión, el enorme salto en el gasto público que supondría el establecimiento de una renta básica universal, "incluso aunque se hiciera de forma muy eficiente", provocaría "efectos impredecibles sobre el crecimiento económico y la creación de riqueza".
Además, asegura que "destruiría la condicionalidad sobre la que se construyen los estados de bienestar modernos", ya que esta medida erosionaría los incentivos a encontrar un empleo.
"Una gran proporción de la población podría caer en un estado de ociosidad alienada", lo que crearía "fuertes tensiones entre los que siguen trabajando y pagan impuestos, y aquellos que optan por no hacerlo". Esta situación "debilitaría el actual sistema" y podría "destrozar el Estado de bienestar".
Por último, afirma que una renta básica afectaría a los flujos migratorios y haría "casi imposible" que los países que la implantaran mantuvieran sus fronteras abiertas.
"El derecho a una renta llevaría a los países ricos a cerrar las puertas a los inmigrantes o a establecer ciudadanos de segunda categoría sin acceso a la ayuda estatal", sostiene 'The Economist'.
Por esta razón, la revista insta a los gobiernos a, antes de establecer este tipo de rentas, "hacer un mejor uso de las herramientas que ya tienen disponibles" para hacer frente a las desigualdades y la pobreza.
En su opinión, "una renta básica podría tener sentido en un mundo de solapamiento tecnológico" en el que las máquinas han destruido una parte importante de los empleos que realizaban las personas. Sin embargo, afirma que esta "preocupación" sobre la pérdida de puestos de trabajo por el avance tecnológico es una "idea antigua" que hasta el momento "siempre se ha demostrado errónea".
Así, reclama a los gobiernos que, "antes de que empiecen a planificar un mundo sin empleo, deberían esforzarse para hacer que el sistema actual funcione mejor".
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En el listado también figuran Antigua y Barbuda, con 39,9%; Bahamas, con 34,1%; Cabo Verde, con 27,9%; y Granada, con 26,2%
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