Proyecto de presupuesto en Ecuador muestra que más de 80% ya está comprometido

La propuesta de Presupuesto 2025 para Ecuador revela una situación crítica: más del 80 % del gasto público está ya comprometido en partidas como salarios, servicio de la deuda y transferencias obligatorias, lo que limita significativamente la capacidad de maniobra del Estado.

Aunque el gobierno proyecta recaudar US$ 27 440 millones, ese impulsivo aumento frente al presupuesto 2024, más de US$ 5.000 millones adicionales, no se basa en mejoras fiscales estructurales, sino en ingresos extraordinarios. Entre estos, se incluyen anticipos por concesiones petroleras, unos US$ 3.986 millones, ingresos por la concesión del Oleoducto de Crudos Pesados, US$ 750 millones, y recursos por el espectro radioeléctrico, US$ 460 millones.

Dado que se estima que estas fuentes concretarían ingresos sólo con cronogramas claros, contratos aprobados y ejecuciones que, en el mejor de los escenarios, tomarían varios meses, es improbable que los flujos se materialicen antes del cierre del ejercicio fiscal. Todo ello pone en duda la solidez del presupuesto y deja abierto el riesgo de un déficit fiscal mayor al previsto, que podría obligar a recortes en inversión pública, acumulación de atrasos o nuevos endeudamientos.

Hasta agosto, el país ha recaudado US$15.852 millones, mientras que el gasto ha alcanzado USD 17 290 millones, generando un déficit de US$ 1.439 millones. La ejecución presupuestaria muestra signos de retraso: solo 60,5 % del presupuesto ha sido devengado y 55,8 % pagado. Esta brecha es especialmente grave en inversión, 16,6 %, bienes de larga duración, 6,9 %, y transferencias de capital, 43,8 %. Los atrasos acumulados ya superan los US$ 1.335 millones, lo que está afectando a proveedores, contratistas y gobiernos locales, y comprometiendo la prestación de servicios públicos.

El patrón fiscal de Ecuador entre 2015 y 2025 muestra un déficit persistente en el Presupuesto General del Estado en diez de esos once años, solo en 2022 hubo un superávit de US$ 882 millones. En el resto de los casos, se registraron resultados negativos, llegando hasta un déficit de US$ 4.967 millones en 2020 durante la crisis sanitaria.

Con casi tres cuartas partes del año fiscal ya transcurrido, parece improbable que los ingresos extraordinarios previstos se concreten en tiempo y forma. El desequilibrio fiscal no es coyuntural, sino estructural: el presupuesto opera en márgenes muy estrechos, con reglas rígidas que limitan la flexibilidad y está basado en supuestos optimistas difíciles de alcanzar. En consecuencia, la sostenibilidad fiscal sigue siendo una promesa aplazada más que una meta alcanzada.