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Las empresas reclaman un urgente ajuste de los aranceles que reciben de los prestadores, luego de medida de fuerza
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (Faps), que representa a unas 17.000 instituciones privadas, clínicas, sanatorios, mutuales, centros de diagnóstico médico y hospitales de comunidad, entre otros, anunció la suspensión de todas las actividades programas para este jueves y viernes.
Es por la imposibilidad de atender esas prestaciones ante el paro anunciado por el gremio de la Sanidad, debido a la falta de acuerdo en las paritarias del sector.
Sólo se atenderán las urgencias y las demandas de la ciudadanía en lo que hace a la pandemia del covid-19. La medida se aplicará en todo el país.
En una presentación semipresencial transmitida a través el canal Youtube de la Faps, representantes de las diversas instituciones privadas de salud expusieron la crítica situación que atraviesa el sector.
Según el análisis de las empresas prestadores de servicios de salud, se observan fuertes subas de costos desde enero de 2020, con aranceles que se movieron muy poco y un reclamo de los trabajadores que las empresas aseguran no poder afrontar.
Desde el gremio piden un ajuste de 45% en las paritarias del sector, en línea con las revisiones que se están llevando a cabo en la mayoría de los gremios ante la aceleración inflacionaria y la "muerte súbita" de la pauta de 29% de inflación con que arrancó el año.
Es un reclamo que los empresarios consideran "más que justo, debido al esfuerzo que los trabajadores hicieron en el marco de la pandemia".
Sin embargo, denuncian que los aranceles que perciben no siguieron el aumento de los costos. Por ejemplo, en todo el 2020 el Pami no aplicó ningún aumento aumentó, y sólo hizo un ajuste de 30% en enero de 2021.
Desde el sector de las prepagas, el aumento de arancel en ese período fue del 26%, pero ante la negativa del Gobierno de autorizar un nuevo incremento en las cuotas, las prepagas frenaron todo ajuste, argumentando no poder afrontar un aumento. ,
Mientras tanto, desde enero de 2020 los salarios se ajustaron 63%, señalan los prestadores pero los ingresos del sector cayeron un 20%.
Contra la nacionalización
Todo esto se da en un contexto en el que desde el Gobierno llegan señales de querer estatizar el sistema de salud.
Tras resaltar el compromiso de todo el sistema de salud privado para atender la emergencia durante la pandemia, el titular de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, José Sánchez, aseguró que "en los últimos 16 meses el sector estuvo a la altura de las circunstancias", pero aclaró que "tenemos claramente un problema de financiamiento".
En ese sentido, pidió la intervención del Estado, que es el que "tiene la responsabilidad de poner pautas".
Fue luego de aclarar que "los precios los fijan un puñado de financiadores" en el caso de las prepagas, más el Pami y las obras sociales sindicales a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Unos minutos antes, Jorge Cherro, presidente de Adecra (clínicas, sanatorios, hospitales y centros de diagnóstico), había puesto algunos números sobre la mesa, entre ellos que el costo de un día de internación en terapia intensiva por Covid, tiene un costo de entre $90.000 y $120.000 diarios pesos argentinos, pero los financiadores pagan un promedio de $55.000 por día.
Al respecto, Cherro señaló que vienen pidiendo una reforma impositiva en el sector y "poder utilizar el crédito fiscal de IVA".
Y apuntó, que el Gobierno nacional no quiere resignar recaudación, las prepagas y farmacéuticas no quieren resignar rentabilidad, y los trabajadores no quieren resignar ingresos, pero los prestadores de salud "no somos responsables de la inflación, ni de la devaluación.
En este punto, Cherro pidió que todo el sector de prestadores de salud trabaje unido para "negociar una importante actualización arancelaria y la necesaria reforma impositiva". Eso será clave para "evitar que las empresas sean compradas a precio vil o estatizadas", como lo vienen haciendo.
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