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La Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada en enero de este año, así como la providencia administrativa 003 que regula los criterios contables para el cálculo de los mismos, obligarán al gobierno de Nicolás Maduro a realizar una reforma tributaria que no se contradiga con la nueva norma, según coinciden el abogado Leonardo Palacios, y el director del Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas y Regulatorias (Ceapre), José Vicente Haro.
Palacios calificó de “irreal” a la Ley de Precios Justos, porque no toma en cuenta la inflación, las devaluaciones del tipo de cambio y la presión fiscal en la metodología que propuso la Superintendecia de Derechos Socieconómicos (Sundde) para hacer las estructuras de costos. El jurista recordó que existen 25 contribuciones parafiscales, que se suman a impuestos municipales y a normas “confiscatorias” como la Ley de Timbre Fiscal que no fueron tomadas en cuenta.
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