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El presidente serbio, Aleksandar Vucic, renunció como jefe de su partido político en una concesión considerada simbólica en medio de crecientes protestas callejeras.
Vucic, quien ha dirigido el Partido Progresista durante 11 años, dijo a los periodistas el sábado que su ministro de Defensa, Milos Vucevic, lo reemplazará como presidente del partido. Vucic sigue siendo presidente del país.
“Nuestra política no cambiará, seguiremos siendo el motor del desarrollo de nuestra patria”, dijo el presidente del Partido Progresista, Vucevic, según la agencia estatal de noticias Tanjug. Srdjan Milivojevic, legislador del opositor Partido Demócrata, dijo al medio noticioso N1 que el cambio de liderazgo muestra que el partido gobernante es “un gran negocio familiar”.
Previamente, el presidente había planteado la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas en su intento de calmar las crecientes protestas callejeras tras los tiroteos masivos que conmocionaron a la nación. Una cuarta protesta de la oposición está programada para el sábado.
Dos masacres este mes, incluida la primera en una escuela en Serbia, mataron a 18 personas, la mayoría de los cuales eran estudiantes, e hirieron a 20, lo que provocó marchas de protesta de decenas de miles de personas en las ciudades más grandes del país balcánico.
La votación sería la tercera de Serbia desde 2020, enfrentando al Partido Progresista de centro-derecha contra una oposición fracturada. Los partidos liberales están pidiendo a Serbia que se una a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia para acercarse a la membresía en el bloque, mientras que los conservadores y los nacionalistas se oponen.
Desde que iniciaron las negociaciones de ingreso a la UE en 2014, el país de 7 millones de habitantes ha equilibrado sus lazos históricos con Rusia con el objetivo proclamado de unirse al bloque. Serbia depende de Rusia para el suministro de gas y el apoyo para desafiar la independencia de Kosovo, que se separó en 2008 después de una guerra.
Vucic ha desestimado las marchas de protesta lideradas por la oposición como intentos de explotar los tiroteos fatales para obtener ganancias políticas. Ha lanzado una campaña nacional para entregar armas ilegales y con licencia para reducir el riesgo de tales ataques.
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