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El Congreso se reúne el martes para reconsiderar una votación de la semana pasada, cuando rechazaron el adelanto de elecciones
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, envió el lunes a tres de sus ministros a una zona muy afectada por las protestas en busca de diálogo y calmar las manifestaciones que han sacudido al país andino desde hace casi dos semanas, tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo.
Boluarte asumió al cargo el 7 de diciembre luego de la expulsión y arresto del expresidente izquierdista Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso, dominado por la oposición, y reorganizar el sistema judicial en el país.
La comitiva que acudió a la región de Ica incluyó a los titulares de los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, informó la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, parte de la delegación.
Pérez de Cuellar, afirmó que se reunieron con autoridades locales, dirigentes sociales y representantes de gremios; y que iban a entregar 1.600 títulos de propiedad a pobladores de la región de Ica, ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Lima y que ha sido foco de constantes bloqueos durante las protestas.
"Queremos abrir espacios de diálogo", dijo Pérez de Cuellar, en una entrevista previa con la radio local RPP. En la zona, el Gobierno buscará espacios de diálogo con pescadores artesanales, dirigentes sociales y algunos sindicatos de la zona, agregó.
Tras tomar el mando, la presidencia se ha visto sacudida por violentas protestas en varias regiones del país, que han dejado 20 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y otros seis fallecidos más en incidentes relacionados con bloqueos de carreteras, según las autoridades.
"Esta crisis enluta a familias y duele, donde se destruye la infraestructura básica para la población. Reitero que el diálogo es la principal opción para volver a la normalidad", afirmó más temprano Boluarte en un evento en una base naval.
Una encuesta difundida el domingo por la noche por un canal de televisión local dijo que 52% de personas que viven en el sur del país, históricamente votantes de izquierda, estaba de acuerdo con la intención de Castillo de cerrar el Congreso, una de las instituciones más desacreditas de la nación.
A nivel de todo Perú, un 63% estaba en desacuerdo con el anuncio de Castillo y otro 33% estaba de acuerdo, según el sondeo de Ipsos Perú, realizado entre el 15 y 16 de diciembre.
En un barrio llamado "Tierra Prometida" de Ica, Alcides Taquiri Barboza manifestó a Reuters que esta zona ha sido "olvidada por los políticos y gobernantes" pese a necesidades básicas como los servicios de agua y saneamiento.
"Es triste la situación, los derechos han sido pisoteados", afirmó frente a las protestas. "Me gustaría que intervengan los organismos internacionales para que vean cómo se encuentra el Perú actualmente en el tema político".
"Déjenla trabajar"
El lunes, los bloqueos de carreteras se habían disminuido y sólo se mantenía uno en la región sureña de Arequipa, pero en la región andina de Ayacucho se ha convocado nuevas protestas para el martes y miércoles, pese a que el gobierno de Boluarte ha decretado el "estado de emergencia" nacional y entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas.
Pese a que la nueva crisis no ha golpeado dramáticamente a la moneda local, se teme que las protestas, las peores en muchos años en el país andino, amenacen con desestabilizar la estabilidad económica y política de Perú y dañar la confianza de los inversionistas en el segundo productor de cobre del mundo.
Algunas personas de las zonas rurales han apoyado a Castillo, aunque muchos simplemente están enojados con el Congreso y la élite política radicada en Lima, vista como corrupta.
Castillo enfrentó acusaciones de corrupción mientras ejercía el cargo. Ahora cumple prisión preventiva por 18 meses mientras lo investigan por "rebelión y conspiración", que él niega.
"Lo que Castillo hizo con el golpe de estado, él mismo se lo buscó", dijo Magali Vivanco Hernández, que esperó en "Tierra Prometida" la visita de Boluarte que se había anunciado.
"La señora Boluarte recién ha entrado, déjenla trabajar, hay que conocerla primero, ahora piden que haya nuevas elecciones, hay que esperar con calma", señaló la pobladora.
El Congreso se reúne el martes para reconsiderar una votación de la semana pasada, cuando rechazaron el adelanto de elecciones, uno de los principales reclamos en las protestas. Boluarte, que debería completar el actual mandato hasta el 2026, ha propuesto adelantar las elecciones para fines del 2023.
Ipsos dijo que 62% está a favor de ir a nuevos comicios, pero con reformas políticas y electorales, mientras que 23% apoya a realizar elecciones con las reglas actuales.
Legisladores de izquierda se oponen a la propuesta de nuevas elecciones porque quieren que se incluya también la creación de una asamblea constituyente, una idea que ha sido rechazada por Boluarte. "No es el momento", afirmó.
La asamblea constituyente ha sido un deseo de los partidos de izquierdista por muchos años, en busca de cambiar la actual Constitución -vigente desde 1993 y favorable a una economía de libre mercado-, para darle un rol más activo del Estado.
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