Policía de Brasil desmantela un plan de combustible avaluado en US$4.200 millones

La Policía Federal de Brasil lanzó una amplia ofensiva contra el crimen organizado en toda la cadena de suministro de combustible del país, exponiendo transacciones ilícitas por un total de más de US$4.200 millones.

Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía en un comunicado el jueves. Entre los involucrados se encuentran miembros del grupo de crimen organizado Primeiro Comando da Capital, PCC, según informó la Fiscalía de São Paulo, que también participó en la operación, en un comunicado aparte .

La "Operación Tanque" ejecutó 14 órdenes de arresto y 42 órdenes de allanamiento e incautación en los estados de Paraná, São Paulo y Río de Janeiro. Los investigadores afirman que la red ha estado activa desde 2019, blanqueando al menos US$110 millones y canalizando más de US$4.251 millones a través de cientos de empresas, incluyendo gasolineras, distribuidoras, holdings, agencias de cobro e incluso entidades de pago autorizadas por el banco central.

Decenas de patrullas policiales se desplegaron en la avenida Faria Lima de São Paulo, conocida como el Wall Street de Brasil, la mañana del jueves. Unos 1.400 agentes investigan a 350 personas y empresas, según la Fiscalía de São Paulo. El grupo es sospechoso de cometer delitos económicos, adulteración de combustible, violaciones ambientales, lavado de dinero y fraude fiscal, entre otros. Las irregularidades se identificaron en múltiples etapas de la cadena de producción y distribución de combustible.

En un caso, la investigación destapó una conspiración para importar metanol, en la que la materia prima ingresaba por el puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. En lugar de llegar a sus destinatarios registrados, el metanol se desviaba clandestinamente a gasolineras y distribuidores, según la fiscalía.

Los investigadores también descubrieron fraudes en más de 300 gasolineras, cuyos propietarios se vieron obligados a ceder sus negocios a grupos criminales sin recibir ningún pago. Los propietarios recibieron amenazas de muerte si intentaban reclamar una indemnización. Las transacciones financieras se canalizaron a través de fintechs controladas por el crimen organizado, cuya base de clientes estaba compuesta en su mayoría por empresas del sector combustibles, según investigadores del Ministerio Público.

“Las fintech operaban con sistemas de contabilidad paralelos, permitiendo transferencias entre empresas y particulares sin identificar a los beneficiarios finales”, indicó la Fiscalía de Sao Paulo en un comunicado. Se dice que una de esas empresas movió más de US$8.500 millones entre 2020 y 2024, y también recibió depósitos en efectivo, según informó la autoridad fiscal brasileña en un comunicado . También se utilizaron pequeñas entidades de pago para encubrir las transacciones, añadió la autoridad.

Al utilizar instituciones de pago y bancos no tradicionales, la organización logró dificultar el rastreo de los montos, según la agencia. También utilizó cuentas de fintechs en bancos comerciales para transferir recursos sin identificar a los clientes.

Las ganancias obtenidas y el producto blanqueado se ocultaron posteriormente en fondos de inversión para ocultar a sus verdaderos propietarios. La autoridad afirmó que la organización criminal controla al menos 40 fondos de inversión con US$5.500 millones en activos. Estos fondos adquirieron activos como una terminal portuaria y cuatro plantas de producción de etanol.

Las empresas financieras no tenían que declarar las operaciones de sus clientes a la autoridad fiscal hasta 2024, según los investigadores. Las reformas destinadas a aumentar la transparencia de dichas transacciones financieras fueron revocadas a principios de este año debido a información falsa sobre ellas, indicó la autoridad.

Las firmas financieras Reag Investimentos y Cia Brasileira de Servicos Financeiros confirmaron en un comunicado regulatorio que el jueves se cursaron órdenes de allanamiento en sus oficinas como parte de las investigaciones. Las empresas están "cooperando plenamente con las autoridades, proporcionando la información y los documentos solicitados, y estarán disponibles para cualquier aclaración adicional que sea necesaria", según el comunicado.

La Operación Quasar ejecutó 12 órdenes de allanamiento e incautación en las ciudades de São Paulo, Campinas y Ribeirão Preto. El grupo investigado se especializaba en lavado de dinero y gestión fraudulenta de instituciones financieras, utilizando fondos de inversión para ocultar activos ilícitos. Según la policía, existen evidencias que apuntan a vínculos directos con bandas criminales.

La operación fue bien recibida por los principales distribuidores de combustible, quienes desde hace tiempo argumentan que la creciente delincuencia erosiona sus ganancias. El Instituto de Combustibles Legales, respaldado por empresas como Petrobras, Shell y Vibra, controladas por el estado brasileño, apoyó la operación de hoy y afirmó que, más allá del lavado de dinero y la seguridad pública, el crimen organizado impacta directamente la recaudación de impuestos y la competencia en el sector de los combustibles.