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Expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli
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Nicaragua otorgó asilo al expresidente Martinelli, luego de que el máximo tribunal de su país confirmó una condena en su contra
El gobierno de Panamá dijo el viernes que negó la solicitud de salvoconducto hacia Nicaragua para el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra en la embajada de ese país en Ciudad de Panamá.
El miércoles, Nicaragua otorgó asilo a Martinelli en respuesta a una petición del exmandatario, que la semana pasada vio como el máximo tribunal de su país confirmó una condena en su contra que impediría su candidatura a las elecciones presidenciales de mayo.
La Corte Suprema del istmo desechó un recurso interpuesto por Martinelli y confirmó el viernes pasado una sentencia dictada en 2023 de 128 meses de prisión por su papel en el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios y recibir una participación mayoritaria.
En el pasado, el exmandatario ha clamado su inocencia.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el día de hoy (...) la solicitud de salvoconducto para la salida del territorio de la República de Panamá del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, ha sido denegada", dijo la cancillería del istmo en un comunicado.
La decisión fue informada a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval, a quien también se le recordó la obligación de garantizar que la sede diplomática no debe ser utilizada "de manera incompatible".
"Toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, por tanto, generará consecuencias diplomáticas", dijo la cancillería panameña.
Martinelli, un magnate de supermercados de 71 años, insiste que pese al fallo de la Corte se mantendrá como candidato presidencial para las próximas elecciones. Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, lidera la mayoría de encuestas para la votación de mayo.
La Constitución de Panamá establece que ninguna persona condenada a más de cinco años de prisión por delitos dolosos puede ser presidente, ni vicepresidente del país.
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La condena de cuatro meses fue muy inferior a los tres años solicitados por la fiscalía, que había intentado dar un golpe ejemplar
