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Mientras que la tecnología avanza rápidamente en los hogares y el sector privado, la burocracia frena la integración formal en la red eléctrica nacional
En Panamá, los ciudadanos y empresarios privados han aprovechado la baja en los precios de las baterías de litio para almacenar energía, mientras que el Estado se ha quedado atrás para implementar esta tecnología a gran escala por falta de leyes y reglamentos.
El precio de las batería de litio bajó más de 75% en los últimos 10 años y gracias a esto la inversión en proyectos solares con baterías de litio recupera su inversión en menos de cinco años, a diferencia de los casi ocho que se tomaba hace una década.
Debido a la inestabilidad del servicio eléctrico en el interior del país, esta alternativa le da a las personas independencia, estabilidad y costos reducidos a comparación de adquirir electricidad con una distribuidora.
Sin embargo, el gobierno panameño aún no ha creado unas reglas claras para los grandes proyectos de energía por lo que los inversores deciden no arriesgar su dinero. Además, en 2024 se suspendió un proyecto por una falta de claridad en las condiciones técnicas para la implementación de un sistema de almacenamiento de energía.
Rodrigo Rodríguez, secretario nacional de Energía, afirma que desde el Estado se busca incorporar el almacenamiento de forma ordenada y que espera que las reglas estén listas entre 2026 y mediados de 2027, con la meta de lanzar una licitación de renovables con almacenamiento para 2028.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que para 2030, la capacidad mundial de almacenamiento debe multiplicarse por seis (alcanzando 1,500 gigavatios) para poder triplicar la capacidad de energías renovables, siendo las baterías 90% de este crecimiento.
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