Países en desarrollo se oponen a legalización de drogas en sesión de ONU

Sin embargo, muchos países en desarrollo se han pronunciado contra la nueva tendencia global y han dicho que dará impulso a la demanda de drogas, lo que activará la cadena de abasto y tendrá consecuencias directas para los países y las regiones.

Muchos países en desarrollo, como China y Pakistán, expresaron su firme oposición a cualquier forma de legalización de las drogas durante su participación en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las drogas, que hoy entró en su segundo día en la sede de la organización.

La sesión especial de tres días de la ONU, la primera de su tipo en 18 años, fue convocada en el contexto de que el cultivo, tráfico y abuso de drogas ilícitas sigue presentando efectos perjudiciales para la salud, la economía y la sociedad, lo que socava la seguridad y el desarrollo en los Estados miembros de la ONU.

El debate en la sede de la ONU se produce en un momento en el que muchos países en desarrollo, como India y Sudáfrica, han adoptado leyes y medidas políticas, sociales, judiciales y de salud para hacer frente al efecto negativo de las drogas ilegales.

Estas políticas están encaminadas a reducir la drogadicción y el abuso entre los jóvenes, el alza de las enfermedades, así como el incremento de la violencia y las actividades delictivas asociadas con las drogas ilegales.

El objetivo general de estos esfuerzos es proteger a los individuos y a las familias de los peligros de las drogas, eliminar la drogadicción y proteger la seguridad de los Estados miembros de la ONU en el mundo en desarrollo.

Guo Shengkun, un consejero de Estado chino, dijo en la sesión especial que "debe haber una firme oposición a cualquier forma de legalización de las drogas".

La legalización de las drogas podría reducir los gastos del gobierno y elevar los ingresos fiscales, pero los opositores están preocupados por la salud y los malestares sociales que esta política podría traer.

Por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos que enfrentan déficits fiscales masivos podrían considerar la legalización de las drogas como la mariguana para aliviar sus deudas y poner fin a la costosa batalla contra el narcotráfico.

En Estados Unidos, la mariguana ya es considerada el cultivo más rentable de la nación al superar el valor combinado del trigo y el maíz, según informes. La mariguana también es el principal cultivo en al menos una decena de estados, incluyendo California y Carolina del Norte.

A decir verdad, la mariguana se está despenalizando cada vez más, pero la tendencia no ha sido la misma para otras drogas. Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, distribución y venta de la mariguana. Ahora es legal adquirir mariguana en cuatro estados de Estados Unidos y en el Distrito de Columbia.

En respuesta a la decisión de Uruguay de legalizar en 2013 el cultivo, la venta y el consumo de mariguana, el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, dijo que no cree que la legalización sea una solución.

Incluso en Estados Unidos, la mayoría de las personas tampoco favorecen el asunto de la legalización de las drogas, según informes.

La guerra contra las drogas implica un gran costo porque el narcotráfico no conoce de fronteras. El tráfico de drogas y sus desafíos asociados socavan la seguridad nacional y amenaza con revertir las ganancias socioeconómicas en los países en desarrollo.

Para Kenia y otros países en desarrollo, el narcotráfico va de la mano con otros delitos, incluyendo el flujo de armas pequeñas, el tráfico de personas y el lavado de dinero, forma en la que se considera que se financia a grupos terroristas como Al-Shabaab y Al Qaeda.

Por consiguiente, la legalización de las drogas ilegales no puede conducir a una victoria en la guerra contra el narcotráfico. Se requiere de esfuerzos constantes para implementar una estrategia de control de drogas integrada, equilibrada y científica basada en evidencias y de sostener la autoridad, consistencia e inclusividad de las políticas contra la droga.