Orsi reglamentó la Ley de Garantías para la Primera Infancia y activó su aplicación

El gobierno de Yamandú Orsi reglamentó la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, una norma clave aprobada en 2024 que hasta ahora no había podido aplicarse plenamente por falta de un decreto reglamentario. La decisión fue formalizada por la administración del presidente Orsi, que definió la estructura institucional y los mecanismos necesarios para poner en marcha la política pública.

La ley, identificada como Ley N.º 20.376, establece que el Estado debe asegurar de forma integral los derechos de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en la primera infancia. Su objetivo es garantizar condiciones adecuadas de desarrollo en áreas como salud, educación, nutrición, cuidados y protección social, bajo un enfoque de derechos y de coordinación interinstitucional.

Con la reglamentación, el Ejecutivo creó un Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, integrado por varios ministerios y organismos públicos, que será el encargado de diseñar, planificar y supervisar la Estrategia Nacional para este sector de la población. Este gabinete tendrá la función de articular políticas que hasta ahora se implementaban de forma fragmentada y de asegurar que las acciones del Estado sigan lineamientos comunes.

El decreto también establece una unidad de coordinación presupuestal, cuyo objetivo será ordenar, monitorear y evaluar los recursos destinados a políticas de infancia y adolescencia, así como un sistema de información y seguimiento que permitirá medir resultados, identificar brechas y mejorar la toma de decisiones. Además, se prevé la creación de una comisión especial para intervenir en situaciones urgentes o cuando existan diferencias entre los organismos responsables.

La reglamentación llega tras meses de debate político y técnico sobre la necesidad de convertir la ley en una herramienta operativa. Sin el decreto, la norma carecía de procedimientos claros y de responsabilidades definidas, lo que había generado cuestionamientos sobre su efectividad real.

Desde el gobierno señalan que la reglamentación marca un punto de inflexión en la política de infancia, al pasar de declaraciones de principios a una estructura concreta de gestión. La implementación efectiva de la norma será ahora el principal desafío, en un contexto de demandas crecientes sobre el rol del Estado en la garantía de derechos desde los primeros años de vida.