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Cabe recordar que este pleito arrancó en 2012 cuando el istmo demandó a Colombia por sobrepasar los límites arancelarios establecidos por el órgano mundial del comercio.
El hecho se produjo luego de que Bogotá empezó a aplicar aranceles de 10% a los calzados y textiles, y un cargo de US$5 por cada contenedor procedente de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC).
En ese sentido, la ministra de Comercio de Colombia, María Claudia Lacouture, recordó que “la decisión se adoptó el pasado 2 de noviembre para cumplir en el menor tiempo posible las recomendaciones de la OMC”. En su reemplazo, el Gobierno Nacional implementó medidas de control aduanero con el fin de combatir el contrabando y la subfaturación de estos productos en el que se cumpliría el fallo del organismo.
Sin embargo, otra es la visión que el gobierno panameño ha expresado sobre esta nueva imposición. Según medios locales, en opinión de Panamá, las nuevas medidas endurecen el control aduanero y suponen nuevas restricciones al acceso en el mercado colombiano del textil y el calzado reexportado por la ZLC.
No hay que olvidar que otro tema pendiente entre los dos países es la cooperación sobre intercambio de información tributaria. .
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