Nicolás Maduro controla 76% de los activos del sistema financiero

Uno de los males que tiene la economía venezolana se refleja en el sistema financiero. Según un reporte de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, el régimen de Nicolás Maduro controla este mercado, pues cuatro entidades financieras estatales concentran 76% de los activos bancarios, generando un estancamiento económico porque se limita la movilización del dinero y atenta contra los bancos privados, que quedan sin la posibilidad de financiar varios sectores económicos y productivos.

A esto se suma que los bancos estatales están manejando el flujo de dinero de los pagos entre las instituciones y ha generado un desplazamiento del sector privado.

A pesar de manejar altos niveles de activos, las cifras de los bancos públicos no se ajustan con la realidad, debido a que mucho del capital que manejan pertenece a la banca privada que, por regulaciones como el encaje legal, que obliga a estas organizaciones a enviar el 57% de su dinero al Banco Central. Si no se cumple con esto en un determinado período de tiempo, los privados deben destinar el 100% de sus ingresos a los bancos públicos, conocido como encaje legal marginal.

“Esta medida de captación del Banco Central ha dejado seco a los bancos, porque estos son obligados a enviar el 100% de sus fondos a la entidad pública, generando que pierdan su liquidez y no puedan financiar la producción y el consumo”, aseguró Víctor Álvarez, experto en economía. El vocero agregó que la medida de captación estanca la economía del país porque el sistema bancario, como no puede otorgar créditos, no puede cobrar intereses.

De igual forma, otro golpe a la economía del país es el bajo índice de cartera, ya que esta representa tan solo el 7,2% de los activos del sistema financiero, debido a que la iniciativa de los bancos públicos para prestar dinero es muy baja.

El tener este contexto negativo en las cifras que se le adeudan a los bancos genera que se afecten varios sectores económicos y que estos, que tienen una función de administrar el riesgo financiero, productos o proyectos viables que impulsen y dinamicen la economía, no puedan cumplir sus funciones. Además, terminan convirtiéndose en instrumentos de políticas del BCV, en detrimento de la competitividad y de los intereses ciudadanos.

“Una cartera tan baja, que no supera los US$110 millones, genera que haya un nivel muy bajo de créditos orgánicos y se imposibilite el financiamiento de actividades productivas. Esto no permite una movilización económica y obliga a que las empresas tengan que funcionar con su propio dinero. Llegado el caso que estas se queden sin capital para funcionar, no van a tener a su disposición un sistema bancario que cumpla con sus tareas de crédito para impedir que estas se acaben”, afirmó Edison Arciniegas, doctor en Estudios de Desarrollo y director Ejecutivo de Ciudadanía en Acción.

“El Estado se toma muchas atribuciones del banquero, pero no cumple con sus funciones porque no genera crédito, no genera liquidez y no atiende las necesidades del público. Solo atiende a las necesidades del mismo Estado. Las tasas de interés están controladas, tienen techo, los precios y las cantidades de los créditos están controlados. Con estas medidas le resulta muy difícil funcionar a un sistema financiero”, añadió Arciniegas.

Esto se puede explicar porque el total de inversiones del sistema es de 14 billones de bolívares (más de US$2.000 millones aproximadamente), de los cuales 12 billones están en el Banco Central de Venezuela y en depósitos. De 7 billones, 3 billones están en el Banco de Venezuela.

Expertos han afirmado que si aunque se presenten inversiones, éstas no han contribuido a dinamizar la economía, ya que, como son controladas y hechas en títulos valores emitidos por el Gobierno, el dinero solamente fluye en préstamos entre las entidades gubernamentales, generando que los bancos públicos y privados se conviertan en cajas al servicio de las decisiones estatales, en vez de funcionar como agentes económicos.

Otra decisión estatal que sume en una crisis a los bancos privados es que los obliga a que la mayoría de los créditos que puedan otorgar, se destinen hacia cartera hipotecaria, microcréditos, créditos agropecuarios, turismo y manufactura.

“Si como banco se está obligado a dar determinado porcentaje de su cartera a créditos hipotecarios, pero no hay proyectos en este sector, ni hay construcción, no se puede llegar a la meta”, afirmó Andrés Márquez, líder de calificaciones de instituciones financieras para Colombia, Venezuela y Perú de Fitch Ratings, durante la presentación del informe.

Esto también afecta directamente en los pequeños consumidores, ya que, según lo detalló Álvarez, “si a una familia se le daña una nevera, debido al deterioro del nivel de ingreso, ese hogar no puede comprar una nueva con recursos propios y si el banco no tiene liquidez, no puede prestar el dinero para su adquisición. Entonces, las personas no se pueden beneficiar”.

Para no sucumbir ante este contexto, en el que se encuentra una inflación proyectada para este año sobre 10.000.000%, una recesión acumulada de 50% desde 2013 y una rentabilidad muy diluida, los bancos privados han tenido que optar por otras estrategias crediticias que les permitan recaudar dinero a partir de intereses, como ha venido sucediendo con créditos comerciales a corto plazo, en periodos entre dos semanas y máximo un mes.