Mineros de Bolivia liberan rutas tras violenta muerte de viceministro y tres manifestantes

El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó tres días de duelo y dijo el viernes que el pueblo vive un “profundo dolor” por los fallecimientos en las movilizaciones, que consideró que forman parte de una “conspiración política”.

“Nunca el Gobierno ordenó a la policía llevar armas letales. Sospechosamente ha habido muertos que tienen que ser investigados profundamente por las autoridades competentes. El fallecimiento del hermano viceministro Illanes duele mucho”, dijo Morales en una conferencia de prensa.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, de 56 años, había viajado el jueves a Panduro, a 160 kilómetros de La Paz, para negociar con los mineros en protesta. Allí fue interceptado por manifestantes y asesinado a golpes, de acuerdo con la versión oficial.

“Siento que en esta movilización de Fencomin (la cooperativa de mineros) había una conspiración política y no había una reivindicación social para el sector”, afirmó el mandatario.

Los mineros bloquearon el miércoles la principal carretera de Bolivia, que une Cochabamba y Oruro, y se enfrentaron con la policía cuando intentó dispersarlos, lo que culminó con 17 agentes de seguridad heridos y, según representantes de los mineros, tres trabajadores muertos por disparos.

No hay una cifra oficial de fallecidos en las manifestaciones.

El cuerpo de Illanes fue encontrado en la madrugada del viernes al borde de la carretera que une La Paz con Oruro, envuelto en una manta, según el fiscal a cargo del caso, Edwin Blanco.

“La causa de la muerte ha sido básicamente por derrame cerebral. Hay costillas también fracturadas”, explicó Blanco.

El Gobierno informó que los responsables del asesinato han sido identificados. En Oruro hay cerca de 100 mineros detenidos desde el jueves por la noche por las protestas.

Gremio poderoso

La protesta ha generado una fuerte tensión política porque los manifestantes, que exigen cambios en la Ley de Cooperativas Mineras para poder firmar contratos con empresas privadas, eran hasta ahora aliados clave del Gobierno.

“Cualquiera sea la provocación de los opositores usando algunos sectores sociales, el pueblo boliviano no va a ceder para entregar sus recursos naturales a los privados, especialmente a los extranjeros”, añadió el líder indigenista Morales.

Actualmente hay alrededor de 120.000 mineros trabajando en cerca de 1.700 cooperativas, que cuentan con beneficios fiscales y recibieron otras concesiones por parte del Gobierno en años recientes.

Los mineros cooperativistas provocaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003 y de su sucesor Carlos Mesa en el 2005.

Debido a la baja que sufrió este año en la recaudación de regalías mineras por la caída de los precios de las materias primas, el Gobierno planea desarrollar inversiones públicas y privadas para llevar las reservas mineras a 1.060 millones de toneladas métricas en el 2020, desde los 313 millones actuales.

La inversión pública programada hasta ese año es de 2.652 millones de dólares.

Pero una eventual aceptación de inversiones privadas bajo el paraguas de los cooperativistas afectaría esta estrategia que intenta aumentar la producción de minerales y la recaudación del Gobierno.

Detrás de la producción de gas, la minería es la segunda actividad de Bolivia, que explota principalmente zinc, plomo, plata, estaño, cobre, oro y ulexita.