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Spirit
El recurso sostiene que la suspensión de actividades ocurrió de forma repentina. Los trabajadores afirman que conocieron la noticia apenas horas antes de que Spirit dejara de operar
El cierre de Spirit Airlines sigue desatando turbulencias legales en Estados Unidos. Un grupo de extrabajadores demandó a la compañía por presuntos incumplimientos salariales y por no haber advertido con suficiente anticipación el cese definitivo de operaciones, una decisión que dejó a miles de empleados sin margen de reacción.
La querella, presentada ante la Corte federal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, fue interpuesta inicialmente por seis exempleados, aunque busca representar a cerca de 17.000 personas afectadas por el cierre de la aerolínea el pasado 2 de mayo.
Según los documentos judiciales, los demandantes aseguran que no recibieron sus pagos finales, ni compensaciones correspondientes a vacaciones acumuladas o incapacidades no utilizadas. También acusan a la empresa de incumplir la Ley Warn, la normativa estadounidense que obliga a las compañías a notificar con al menos 60 días de anticipación los despidos masivos o cierres operativos.
El recurso sostiene que la suspensión de actividades ocurrió de forma repentina. Los trabajadores afirman que conocieron la noticia apenas horas antes de que Spirit dejara de operar. “Quedaron impactados cuando recibieron el anuncio de que el 2 de mayo sería su último día”, señala la demanda colectiva.
Hasta hace apenas unos meses, Spirit era una de las principales aerolíneas “low cost” de Estados Unidos. Solo en 2025 transportó más de 32 millones de pasajeros y mantenía rutas hacia el Caribe y América Latina, incluyendo destinos como Colombia, México, Perú, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Puerto Rico.
Sin embargo, detrás de sus tarifas económicas, la compañía arrastraba una compleja situación financiera. Spirit ya se había declarado en bancarrota en noviembre de 2024 y nuevamente en agosto de 2025, en medio de crecientes presiones operativas y altos costos.
Su presidente ejecutivo, Dave Davis, atribuyó el cierre al “aumento repentino y sostenido” de los precios del combustible, agravado por la guerra en Irán y el impacto sobre los mercados energéticos internacionales.
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