Milei podría asumir juicio político por violación a la Ley de Ética Pública por caso cripto

Impulsado por un diputado socialista junto a legisladores de diversos bloques, el Congreso de la Nación podría activar una investigación para determinar el grado de responsabilidad de Javier Milei en la presunta estafa llevado a cabo mediante la criptomoneda Libra.

El diputado socialista Esteban Paulón anticipó que el próximo lunes presentará un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por haber promocionado el token $LIBRA el viernes en redes sociales.

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El texto que, según señaló Paulón, se encuentra en instancia de elaboración junto a otros diputados y diputadas de diversos bloques, advierte como causal el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de las funciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 y ccdtes. de la Constitución Nacional de la República Argentina.

Juicio político a Javier Milei: qué dice la Ley de Ética Pública

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

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Los sujetos comprendidos en la normativa se encuentran obligados así a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:

• a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno
• b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana
• c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular
• d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello
• e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan
• f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados
• g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
• h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;
• i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.

Al trasladar el marco legal a los argumentos esbozados en el pedido de juicio político impulsado por el diputado Paulón, este último enfatiza investiga y dictaminar el grado de responsabilidad del mandatario por su posible participación en la presunta defraudación vinculada a la criptomoneda $Libra apoyada en el punto f) de la normativa detallada anteriormente.