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Los inversores señalan que entre los mayores riesgos que ven en la región está la inestabilidad política y la desaceleración económica
Esta semana el presidente Gustavo Petro realizará una visita de Estado a España, en donde se reunirá con su homólogo Pedro Sánchez y el Rey Felipe. La agenda incluye varios temas de discusión como la paz, la educación, la transición energética y la inversión extranjera.
Al respecto, revisamos qué tanto invierte España en el país y, en general, en la región. Un reciente informe de Llyc y la IE University muestra que junto con México y Chile, Colombia es uno de los países Iberoamericanos en los que más empresas y Pyme españolas operan.
Por el lado mexicano, 72% de las empresas de la muestra del estudio operan allí, además de 68% del total de las Pyme; en Colombia los porcentajes son de 63% y 65%, respectivamente; y en Chile, de 52% y 49% en el caso de las pequeñas empresas.
No obstante estas inversiones en la región han sentido los coletazos de la devaluación de las monedas y la creciente inflación. De hecho, 48% señala que esta coyuntura a afectado "algo" sus ventas y solo 8% no han tenido ningún impacto. Pero esto no frena las intenciones de mantener la inversión para 24% de las compañías e incluso 76% dice que las aumentará.
Las razones para invertir
Los inversores señalan que las principales ventajas de invertir en países de la región son el mercado interno (67%), la competitividad (28%), la mano de obra cualificada (24%), el acuerdo de libre comercio (19%), el acceso a materias primas (18%) y la ubicación geográfica ventajosa (17%).
Mientras que del lado de amenazas y riesgos, la inestabilidad política asusta a siete de cada 10 empresarios. Un buen ejemplo podría ser el impacto que tuvo el remezón ministerial en la economía del país la semana pasada que, por ejemplo, impulsó al dólar $100 por encima de la TRM, pese a que los analistas no preveían esta subida ni a cierre de año.
También aparece la desaceleración económica, que preocupa a 56% de la muestra, el tipo de cambio (54%), la inseguridad jurídica (19%), la inseguridad ciudadana (25%) y el déficit de infraestructura (7%).
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