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En empobrecidos estados del sur como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, grupos radicales tomaron la bandera del caso de los estudiantes, supuestamente masacrados el año pasado por un cártel del narcotráfico, y planeaban impedir las elecciones reclamando, además, que el Gobierno cese su plan de ir ejecutando varias reformas estructurales.
Estos grupos están liderados por sindicatos que nuclean a decenas de miles de maestros disidentes que quieren principalmente que la administración del presidente, Enrique Peña Nieto, cancele una reforma educativa que los está sometiendo a evaluaciones.
En Oaxaca, donde tienen más fuerza, los maestros decidieron el sábado por la noche que se movilizarán por todo el estado, con mayoría de población indígena, con el fin de obstaculizar las votaciones, en las que será renovada la Cámara de Diputados de 500 escaños.
Además, serán elegidos gobernadores en nueve estados del país y más de 1.200 cargos estatales y municipales.
"Ni con sus miles de militares nos va a parar. No queremos que haya elección hasta que se garanticen todas nuestras demandas que no son capricho, sino un derecho", dijo la maestra Mariela Nabor, de 43 años, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte), durante un mitin en la plaza principal de Oaxaca que era vigilado por helicópteros de fuerzas federales que sobrevolaban la ciudad.
El Gobierno desplegó entre el viernes y el sábado unos 40.000 militares, marinos y policías federales en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas para tratar de poner orden tras una semana de ataques a partidos políticos y sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) que incluyeron la quema de boletas electorales.
El INE tenía previsto instalar 149.000 casillas de votación en todo el país para los comicios, en los que están habilitados para sufragar 83,5 millones de ciudadanos, pero no estaba claro si lograrían colocarlas todas en las regiones más conflictivas.
Los resultados comenzarán a conocerse después de las 22.00 hora local (0300 GMT).
Candidatos asesinados
La campaña electoral fue la más convulsionada de las últimas dos décadas: 16 candidatos y otros políticos fueron asesinados y una veintena de aspirantes abandonaron la carrera por temor a correr la misma suerte. Varios partidos ni siquiera presentaron postulantes en las regiones más conflictivas.
En estados como Guerrero, donde fueron asesinados los estudiantes, grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, secuestros y extorsiones, buscan influir sobre todo en los gobiernos municipales para poder afianzar sus negocios y control sobre territorios.
Las elecciones llegan en momentos de desencanto respecto a los partidos políticos debido a la rampante corrupción que existe en el país y a la revelación de posibles conflictos de interés por la compra de casas de Peña Nieto, su esposa y su secretario de Hacienda a un contratista vinculados al Gobierno.
Sin embargo, y pese a la debilidad de la economía, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendría su actual mayoría relativa en la cámara baja y podría lograr la mayoría absoluta si sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza, mantienen la votación del 2012, según encuestas.
Los opositores Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), también mantendrían su votación, de acuerdo con los sondeos.
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