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Es el tercer día de protestas en Panamá.
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La Asamblea de Panamá aprobó la firma de un acuerdo entre el Estado y la canadiense First Quantum Minerals. De acuerdo con el presidente Cortizo, salva 9.387 puestos de trabajo
Las manifestaciones en contra de un contrato minero entre el Estado y la minera canadiense First Quantum Minerals, aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá completaron ayer su tercer día consecutivo.
Decenas de manifestantes fueron detenidos y cinco policías resultaron heridos. La semana pasada, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una concesión con Minera Panamá, unidad local de First Quantum, tras realizar modificaciones al texto original. Sin embargo, pobladores y organizaciones civiles rechazan el acuerdo por el impacto ambiental de la operación, que representa 4.8% del Producto Interno Bruto del país.
Docentes, grupos indígenas, ambientalistas y obreros de la construcción continuaban el martes bloqueando cales y autopistas del país tras casi un mes de protestas, que se han acrecentado en la última semana. Una parte de la carretera Panamericana, que une el país de un extremo a otro, permanecía bloqueada.
Dos policías recibieron heridas de bala la noche del lunes en la capital mientras atendían un llamado sobre alternación del orden público. Otros tres fueron golpeados durante un cierre de una calle en la provincia Chiriquí, en el oeste del país, cerca de la frontera con Costa Rica, informó la Policía. Además, 48 manifestantes fueron detenidos por lesiones personales, daños a la propiedad, entre otros delitos.
Las clases en colegios y universidades están suspendidas desde el lunes y el martes el Gobierno anunció la suspensión temporal del servicio de transporte de bus de la capital. La mañana del martes, varios puntos del país de 4,3 millones de habitantes seguían bloqueados y medios locales reportaban enfrentamientos entre uniformados y manifestantes.
El presiente del país, Laurentino Cortizo, ofreció una alocución en la que reconoció que el contrato celebrado con la minera canadiense resolverá, lo que considera, un problema heredado de su administración. También advirtió que los manifestantes que incurran en actos vandálicos serán judicializados. “Con el Contrato Ley 406 de 2023, estamos resolviendo un problema enorme y sin precedentes, heredado por mi administración” . dijo.
También aseguró que este acuerdo logrará “salvaguardar los 9,387 puestos de trabajo directos de la mina”. Por último, señaló que los bloqueos afectan la recuperación económica del país.
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