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Riesgos financieros por la crisis de Ueno Bank
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Hasta septiembre de 2026, Ueno concentraba 9% de los depósitos y 8% de los préstamos del sistema financiero
La calificadora identifica posibles efectos sobre los depositantes, la competencia bancaria y las exigencias regulatorias. Ueno concentraba 9% de los depósitos del sistema a septiembre de 2026.
La resolución de Ueno Bank podría tener consecuencias que trascienden a la propia entidad y poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema financiero paraguayo.
En un informe publicado tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) del tres de noviembre, Moody’s advierte sobre los riesgos para los depositantes, la competencia bancaria y el marco regulatorio, en un proceso que también podría modificar las condiciones de financiamiento del sector.
A septiembre de 2026, Ueno concentraba 9% de los depósitos y 8% de los préstamos del sistema financiero. La medida del BCP se produjo luego de que una revisión de supervisión y los ajustes a los estados financieros de la entidad dejaran su índice de solvencia por debajo de 50% del mínimo regulatorio.
Los interventores designados por el organismo deberán evaluar la situación financiera del banco, proteger sus activos y determinar el mecanismo aplicable para su resolución. Para Moody’s, la dimensión de Ueno convierte este proceso en una prueba para las autoridades y para los mecanismos institucionales previstos ante una crisis bancaria.
Uno de los principales puntos de atención del informe está en los depósitos que exceden la cobertura del seguro. Aunque el BCP indicó que 97% de los depositantes estaría completamente cubierto, la proporción cambia considerablemente cuando se observa el volumen de dinero: apenas 30% del valor total de los depósitos de Ueno se encontraba dentro del límite de garantía.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes (US$38.000) por depositante y por institución financiera, una vez compensadas las deudas correspondientes.
La situación adquiere otra dimensión al excluir los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades públicas. En ese escenario, los saldos no asegurados representan alrededor de 40% de los depósitos de Ueno.
Moody’s advierte que los acreedores con fondos fuera de la cobertura deberán reclamar contra los activos residuales del banco, por lo que el nivel de recuperación todavía es incierto. Esto significa que algunos depositantes, incluidas empresas, podrían enfrentar demoras para recuperar sus recursos o incluso pérdidas.
El informe también examina la capacidad financiera del mecanismo de protección de los ahorristas. A septiembre de 2026, el Fondo de Garantía de Depósitos contaba con US$1.600 millones de liquidez, aproximadamente el doble del volumen de los depósitos asegurados de Ueno.
El fondo se financia mediante aportes obligatorios de las entidades financieras que operan en el país. Además, según Moody’s, el Estado cuenta con la posibilidad de respaldarlo mediante la emisión de bonos contra contribuciones futuras, en caso de que los recursos disponibles resulten insuficientes.
La diferencia entre la cantidad de depositantes cubiertos y el valor total protegido es uno de los aspectos centrales de la advertencia. Si bien la mayoría de los clientes estaría dentro del esquema de garantía, una parte importante de los recursos depositados queda fuera de ese respaldo.
La resolución también podría modificar la distribución de los depósitos y las condiciones de competencia entre las entidades financieras. Moody’s espera que, tras la salida de Ueno, se moderen los costos de financiamiento del sector, luego de tres años de intensa competencia por captar fondos, impulsada en parte por el crecimiento del banco.
En ese escenario, Itaú Paraguay, Continental, Sudameris y GNB aparecen entre los principales beneficiarios potenciales. De acuerdo con la calificadora, estas cuatro entidades reúnen alrededor de 60% de los depósitos del sistema, por lo que estarían mejor posicionadas para captar una eventual reasignación de fondos.
El posible cambio también tendría implicancias sobre la competencia bancaria. La salida de un actor que había ganado participación en el mercado podría modificar la presión por captar depósitos y, con ello, las condiciones de financiamiento para las entidades que continúen operando.
Sin embargo, Moody’s no plantea que este reordenamiento esté garantizado, sino que lo identifica como uno de los posibles efectos de la resolución de Ueno.
Sobre la posibilidad de que la crisis se extienda a otras entidades, Moody’s considera que el riesgo de contagio podría mantenerse acotado, siempre que el proceso se desarrolle de manera rápida y ordenada. Bajo ese escenario, la calificadora estima que el impacto sobre la economía real sería "modesto y temporal".
Uno de los vínculos financieros relevantes corresponde a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), identificada como el principal acreedor local de Ueno. A junio de 2026, su exposición equivalía a 38% del patrimonio neto del banco.
No obstante, Moody’s señala que esa exposición está garantizada por préstamos otorgados con fondos de la propia agencia. Este elemento forma parte de la evaluación de los riesgos que podrían trasladarse desde la entidad intervenida hacia otros actores del sistema financiero.
La velocidad y el orden de la resolución serán determinantes para contener eventuales efectos sobre la confianza y evitar que las dificultades de una institución se conviertan en un problema más amplio para el mercado.
Más allá de las consecuencias inmediatas, Moody’s advierte que el caso podría llevar al Banco Central a endurecer los requisitos de capital y acelerar la adaptación de la regulación paraguaya a los estándares de Basilea III, el marco internacional que establece parámetros para la solvencia, la gestión de riesgos y la estabilidad de las entidades bancarias.
La calificadora considera, sin embargo, que los bancos paraguayos cuentan con posiciones de capital suficientemente sólidas para absorber eventuales exigencias adicionales.
A septiembre de 2026, el capital regulatorio del sistema equivalía a 17,1% de los activos ponderados por riesgo, un indicador que refleja la capacidad de las entidades para respaldar sus operaciones frente a los riesgos asumidos.
El informe también incorpora una referencia a la calidad de la cartera crediticia. Pese al deterioro observado en los préstamos al consumo, los créditos problemáticos representaban 2,5% de los préstamos brutos, frente a 2,1% registrado en diciembre de 2025.
Además, esos créditos contaban con una cobertura de 113% mediante reservas, un nivel que Moody’s considera dentro de la evaluación de la capacidad del sistema para absorber eventuales pérdidas.
La resolución de Ueno abre así una etapa de evaluación para el sistema financiero paraguayo. La protección de los depósitos no cubiertos, la redistribución de los fondos entre entidades y una eventual revisión de las exigencias regulatorias serán algunos de los factores que marcarán el alcance de sus efectos.
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