La ruta de inmigrantes desde Cuba a Uruguay era usada para traficar personas

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La policía uruguaya investiga una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes cubanos, en un caso por el que 12 ciudadanos de la isla que llegaron al país sudamericano fueron condenados, y otra veintena son indagados, informó este lunes el Ministerio del Interior.

"Tras varios meses de tareas de inteligencia", personal del Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol determinaron "el modus operandi de una organización criminal internacional que operaba desde el exterior y se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos", dijo la cartera en un comunicado.

De acuerdo a la descripción del ministerio, las operaciones se originan en La Habana, donde cubanos integrantes de la organización captan a compatriotas y los seducen con la posibilidad de viajar a Uruguay, ya sea para permanecer en el país o como destino intermedio antes de viajar a Estados Unidos.

Los migrantes viajan desde la isla hacia Guyana, donde no necesitan visa, y tras un pago previamente acordado son trasladados a una casa de seguridad, donde se los divide según su destino y el dinero que posean.

Luego son trasladados en tramos por tierra y aire a través de Brasil hasta ingresar a Uruguay.

"Una vez en nuestro territorio, algunos se establecían como refugiados, mientras que otros tomaban contacto a través de medios tecnológicos con diferentes redes criminales que les cobraban entre US$6.000 y US$7.000 para llegar a otro destino", afirma el comunicado.

Este dinero era pagado usualmente por familiares de los cubanos desde Estados Unidos.

Desde Uruguay se enviaban por correo los pasaportes de los migrantes a México o Perú para la confección de una visa apócrifa. Luego, los originales eran devueltos al interesado.

La investigación involucra a 34 cubanos y solicitantes de refugio: 21 hombres y 13 mujeres, de entre 35 y 45 años. 12 de ellos ya fueron condenados, por el delito de uso de certificado público falso, a una pena de seis meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba.

Asimismo, se intervinieron 18 visas (nueve italianas, cinco mexicanas, tres austríacas y una española) y 34 pasaportes (30 cubanos, dos peruanos y dos mexicanos). El ministerio destaca que la investigación cuenta con la colaboración de diversos países.