La inversión española en América Latina está en vilo por recientes expropiaciones

Las recientes expropiaciones de empresas extranjeras en países de América Latina pondrán en duda la seguridad jurídica de los países y la confianza de inversión en la región, según expertos consultados por LR.

A pocas semanas de la medida de nacionalización tomada por la presidenta argentina Cristina Fernández ante la filial YPF, de la española Repsol, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, procedió con la estatalización del 99.94% de la filial de la Red Eléctrica de España, Transportadora de Energía (TDE).

El presidente boliviano usó los mismos argumentos que Argentina implementó para quedarse con el 51% de YPF; la supuesta falta de inversión de la entidad española en el territorio obliga a una estatalización pues, según el estado, podría generar una crisis en el sector energético del país.

Sin embargo, el caso parecería distar de lo ocurrido entre España y Argentina, pues el presidente Morales garantizó ante el gobierno del país europeo que indemnizará a la casa matriz de REE por la expropiación.

El ministro de Economía y Competitividad de España, Luís de Guindos, trató de dar un parte de tranquilidad al respecto para calmar los fuertes efectos que el anuncio generó en el mercado europeo. 'Bolivia ha garantizado que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar', aseguró el ministro español.

De acuerdo con Gustavo Reyes, ex vicecanciller de Colombia, 'el caso entre Argentina y España es muy diferente aunque va en el mismo camino, porque el gobierno boliviano dio a conocer la medida, pero queda claro que quiere salvaguardar las relaciones internacionales del país a través de la indemnización'.

Si bien es cierto que el pago que hará Bolivia por las acciones de REE calmará las tensiones entre los gobiernos, las medidas tomadas por los dos países latinoamericanos contra empresas españolas coloca en tela de juicio la seguridad que tienen las compañías internacionales para invertir en la región.

En otras palabras, este escenario está generando incertidumbre para las demás empresas españolas que cuentan con filiales no sólo en Bolivia y Argentina, sino en el resto de la región.

Para Silvana Insignares, experta en derecho internacional de la Universidad del Norte, 'la seguridad jurídica se torna inestable, pero se notará a largo plazo, porque se disparará el índice riesgo-país. Así, los países inversores buscarán los sectores que ofrecen el menor riesgo y la mayor seguridad'.

BBVA, Santander, Telefónica, Gas Natural Fenosa, Endesa, Grupo Prisa y Repsol, son algunas de las principales compañías españolas que cuentan con sedes en varios países de América Latina y en contados casos ya han visto su capital amenazado.

Además de los recientes episodios, se destaca la situación de Venezuela donde se estima que desde 2003 hasta febrero de 2012, el gobierno de Hugo Chávez ha nacionalizado o intervenido a más de 1.087 empresas. Una de las firmas españolas afectadas por las políticas bolivarianas fue el Banco de Santander, que pasó a convertirse en el Banco de Venezuela.

En Bolivia, Repsol, Iberdola, Prisa y BBVA aún mantienen sus instalaciones bajo promesas del estado de que su propiedad será respetada, a pesar del negro historial del presidente Morales que incluye expropiaciones a la British Petroleum y a la misma Repsol. En Argentina también permanecen empresas como Telefónica, Prisa, Gas Natural Fenosa, Endesa, BBVA, Santander, Indra y ACS.

Los temores ya comenzaron a avistarse entre las organizaciones españolas con la gran pregunta que invade a los ejecutivos: ¿quien sigue?.

En vilo está la multinacional Telefónica a pesar de que sus directivas salieron al paso a los rumores para descartar que la compañía esté bajo riesgo, se conoce que el gobierno de Perú tiene a la organización bajo la mira por vencimiento de licencias y en Argentina tampoco se descarta una posible intervención.

Kim Faura, director general de Telefónica en Cataluña, expresó que la empresa de telecomunicaciones 'no espera ninguna sorpresa' y agregó que su apuesta en el país latinoamericano es 'indiscutible' porque 'se han cumplido todos los compromisos que se adquirieron'.

El directivo no se refirió a las tensiones que genera en Perú la recaudadora fiscal (Sunat), que asegura que Telefónica debe al estado más de US$851 millones por impuestos entre el 2000 y 2001.

La empresa, que busca renovar sus licencias de telefonía móvil en el país, debe acudir ante un tribunal o esperar a que se cumpla el plazo de tres meses que el gobierno tomó para decidir si renuevan o no las licencias.

Para Pedro Novoa, abogado de Novoa-Fernández Consultores, la inestabilidad de la región es contraproducente para un buen momento económico que se vive si se tiene en cuenta que 'Europa está en crisis y ellos ven a América Latina como una nueva opción para su expansión. Medidas como éstas lo que hacen es alejar a los inversionistas que estaban mirando hacia la región'.

Según Ignacio Cantillo, abogado en derecho comercial, esta tendencia puede estar relacionada con las ideologías políticas de los países. 'La estabilidad jurídica queda en riesgo, y se intensifica en aquellos países de tendencia de izquierda' dijo.

Inversión se redireccionará
Ante este escenario que se torna poco seguro para las inversiones extranjeras, Reyes considera que 'los empresarios españoles comenzarán a tomar medidas para proteger sus intereses en estos países en donde el tema jurídico es muy inestable' y agregó que, los gobiernos también deben tomar medidas para proteger las inversiones de sus empresas.

Una de estas medidas es la redirección de las inversiones, escenario en el cual Colombia se convierte en una opción potencial para los extranjeros.

Para Novoa, 'este es un buen momento para Colombia porque se ha mostrado como un territorio donde las normativas para los empresarios son claras y estables', sin embargo si no se cuida la seguridad jurídica de la región la economía del país también podría verse afectada.

Venezuela es uno de los países más proteccionistas
De acuerdo con sondeos realizados por gremios empresariales, se estima que este año Venezuela ha expropiado 497 empresas en el primer trimestre de 2012. A su vez, desde el 2003 se calcula que el gobierno de Hugo Chávez ha nacionalizado o intervenido a más de 1000 organizaciones en su país.

El gobierno alude a la protección de los intereses de la nación ante empresas que cometan irregularidades legales, no inviertan en la región o no generen los ingresos que el Estado les exige.

En enero del 2010, el presidente Chávez expropió seis instalaciones de la cadena de supermercados Éxito, empresa Colombiana, argumentando que el gobierno tomaría las medidas necesarias en contra de todos los almacenes sino se acataban las medidas económicas para combatir la altísima inflación que se presentó durante el 2009.

Desde el Estado Colombiano, la medida fue considerada como extremista y un riesgo para la inversión extranjera en ese país.