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China está luchando contra la posibilidad de un colapso financiero y, a diferencia de España, ha identificado el problema y está poniendo los medios para resolverlo. Quizás llegue tarde.
La segunda economía mundial no quiere ni oír hablar de repetir una experiencia como la de nuestro país, que agravó la crisis al retrasar la intervención de sus bancos y cajas durante años mientras Londres o Washington hacían limpieza en entidades como Lloyds o Citigroup.
Aprovechando que la mayoría de las entidades son públicas y que el poder de los reguladores es inmenso, las autoridades están forzando a los cinco grandes bancos a provisionar 272% del valor de los activos tóxicos y a reconocer que albergan en sus balances muchos más créditos incobrables de los que dicen.
La cantidad de estos últimos se ha triplicado hasta septiembre en comparación con el mismo período del año pasado, algo que no hubiera sido posible sin la autorización expresa del Ministerio de Finanzas. Por su parte, los bancos medianos llevan meses saliendo a Bolsa para ampliar su colchón financiero por encima de los requisitos de capital que exigen las regulaciones internacionales y, más concretamente, Basilea III.
El Bank of Shanghai, que tendrá al Santander como inversor extranjero de referencia cuando las autoridades aprueben su adquisición de 8%, espera vender sus títulos en los próximos meses; lo mismo que está a punto de hacer Everbright por US$2.800 millones y en lo que se le anticiparon dos de sus rivales, el Bank of Chongqing y Huishang, en noviembre con dos OPV que captaron US$1.700 millones en total en Hong Kong.
Por si los paracaídas de liquidez que están acumulando no son suficientes, las entidades han empezado a reconocer que van a empaquetar y vender parte de sus activos tóxicos. El Agricultural Bank of China, el tercero del país, ha anunciado que quiere deshacerse de US$1.600 millones en viviendas y préstamos basura.
Los analistas consultados por la propia prensa oficial china consideran que sólo es el primero. Ante las dificultades que pueden surgir al ‘colocar’ este tipo de paquetes después de la experiencia de las hipotecas ‘suprime’, Cinda, uno de los cuatro bancos malos que Pekín conserva de la última vez que tuvo que rescatar su sistema financiero, parece estar dispuesto a aumentar en 50% su cartera de activos tóxicos según Financial Times.
Además, esta misma firma y un segundo banco malo, Huarong, esperan salir a Bolsa en los próximos meses para captar un total de US$4.500 millones.
'Shadow banking'
Pero el sistema financiero del gigante asiático no sólo lo pueblan bancos, sino también fondos de inversión de nombres más oscuros y que muchas entidades utilizan para conceder créditos a largo plazo sin cumplir con estrictos requisitos de capital, lo que multiplica no sólo su fragilidad ante una retirada masiva de efectivo, sino también la posibilidad de que existan estructuras piramidales similares a la que creó Bernard Madoff.
Pekín, tras comprender que un think tank muy próximo al Gobierno situaba las dimensiones del sector en 40% del PIB en 2012, ha encarecido su capacidad para obtener liquidez barata durante los últimos meses y ha preparado una regulación mucho más estricta que entrará en vigor a principios del año que viene.
Esos fondos han financiado en muchos casos grandes proyectos inmobiliarios de los gobiernos provinciales que en algunas ocasiones o han terminado no siendo rentables por errores de cálculo empresarial o nadie esperaba que llegasen a serlo porque eran el fruto de una decisión política.
Por ese motivo y por una deuda de las administraciones locales que la agencia de calificación Fitch estima en más de US$2.100 millones o 25% del PIB, es probable que parte de los créditos concedidos nunca se lleguen a recuperar.
En estas circunstancias y antes de tomar una decisión contundente, los líderes comunistas lanzaron una auditoría independiente de las arcas locales que está llevando a cabo el Gobierno central y, para recompensar el comportamiento de las administraciones cumplidoras, sus vehículos financieros podrán emitir bonos a corto plazo, con vencimientos a 270 días, siempre que hayan obtenido una calificación de AA+ y que hayan realizado tres emisiones desde 2010 en las que captasen como mínimo US$822 millones.
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