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De acuerdo con el Código de Planificación y Finanzas ecuatoriano, la deuda consolidada del país no debe superar 40% del PIB
La norma ecuatoriana, que recomiendan entidades como el FMI, fue modificada en 2020 y estableció que el indicador de deuda consolidada debía reducirse hasta llegar a 40% en 2032. La meta va por buen camino ya que para 2025 llegó a US$65,540 millones lo que representa 49% del PIB.
El techo estándar decía que para 2025 el indicador debía ser de máximo 57% y esta meta se logró. Además, hubo una reducción frente a 2024 cuando el indicador representaba 50,58% del PIB ecuatoriano.
No obstante, el Coplafip establece que en el cálculo de este indicador no se tienen en cuenta la obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o con empresas públicas o con la banca pública.
Si se toman en cuenta estas deudas, el valor total asciende a US$87,478 millones para 2025 lo que supera ampliamente el techo porque representa 65% del PIB.
Sin embargo, expertos señalan que esto no quiere decir que las obligaciones no se vayan a pagar sino que se trata de un ejercicio en el que el Estado filtra estos compromisos económicos para diferenciar la deuda consolidada de la deuda pública agregada, que muestra la magnitud de todas las obligaciones que debe cubrir el Estado cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir el gasto público.
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