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La última en hacerlo fue General Motors, que termina una lista que ha venido aumentando en los últimos tres años con Nicolás Maduro en el poder. En el caso de la automotriz, el costo que le podría generar esta jugada ronda los US$100 millones. El último caso había sido el de Kellogg’s, a finales de 2016, cuya desconsolidación tuvo un costo de US$72 millones, aunque sigue operando en el país, según manifestó Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
El dirigente gremial explicó que no significa que estas empresas se hayan retirado, sino que ya no tienen en cuenta lo que suceda en Venezuela con el fin de no afectar los resultados globales. Así, las compañías dejan abierta la puerta para continuar operando, si la situación mejora en el futuro. Una opción que mencionó GM cuando señaló que ejecutivos de la compañía han expresado su voluntad de dialogar sobre las circunstancias bajo las cuales “podría ser posible comenzar a producir y emplear a cierto número de trabajadores, bajo un nuevo y viable modelo de negocios”.
Olalquiaga hizo énfasis en que Venezuela tiene una debilidad estructural muy fuerte en su economía, que “se refleja en el cierre de muchas empresas, en la disminución de producción y la imposibilidad de surtir con un volumen suficiente que satisfaga las necesidades de la población”.
Otras de las compañías que han hecho una separación contable de las actividades venezolanas fueron Avon, en marzo de 2016; y Goodyear Tire&Rubber, Colgate Palmolive, Mondelez y Kimberly-Clark, en diciembre de 2015. Precisamente, para Olalquiaga, el de Kimberly-Clark fue “uno de los casos más emblemáticos de cierres intempestivos”, pues además de desconsolidar US$102 millones de sus activos, anunció la suspensión indefinida de sus operaciones.
Óscar Eduardo Medina, profesor de comercio internacional en la Universidad Eafit, agregó que desde 2002 empezó la salida de empresas del país vecino e incluso recordó la expropiación de Argos en 2006 y de Éxito en 2010. Para Olalquiaga, Venezuela ha tenido un proceso de destrucción de la institucionalidad y la gobernabilidad que se ha venido acelerando en los últimos años.
Un contexto que se da en medio del incremento de los choques entre los miembros de la oposición y las fuerzas del Gobierno, que volvieron a las calles en rechazo a la nueva idea de Maduro de realizar una Constituyente.
Pese a las protestas, el CNE avaló la convocatoria y, de hecho, Tibisay Lucena, presidenta de dicha entidad, manifestó que el nuevo proceso constituyente “consolidará la República y llevará al país a la paz”. Maduro aseguró que los miembros de la Asamblea se escogerán próximamente, aunque sigue sin entregar detalles de cómo se hará.
Senadores estadounidenses evalúan medidas
Senadores como Ben Cardin y Marco Rubio están promoviendo un proyecto de ley para afrontar la crisis en Venezuela. Según Reuters, se proporcionarían US$10 millones en ayuda humanitaria; el Departamento de Estado tendría que coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis, y la inteligencia de EE.UU. tendría que informar sobre la participación de funcionarios en corrupción y narcotráfico. “Es estratégico para los intereses de EE.UU. apoyar el restablecimiento de la democracia”, dijo Cardin.
La opinión
Óscaro Eduardo Medina
Profesor de Comercio Internacional de la Universidad Eafit
“Muchos de los casos de las salidas de empresas desde 2002 se han dado también por persecución política y expropiaciones que hace el Estado venezolano”.
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