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Los demandantes dijeron a la Corte Suprema que enfrentarían graves daños si se les interrumpe la libertad condicional.
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El tribunal suspendió la orden de la jueza federal de distrito Indira Talwani sobre suspender la "libertad condicional" migratoria de los migrantes
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el viernes al gobierno del presidente Donald Trump revocar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
La medida refuerza el esfuerzo del presidente republicano por incrementar las deportaciones.
El tribunal suspendió la orden de la jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, de detener la decisión del gobierno de poner fin a la "libertad condicional" migratoria otorgada a 532.000 de estos migrantes por el predecesor de Trump, Joe Biden , exponiendo potencialmente a muchos de ellos a una rápida deportación, mientras el caso se desarrolla en tribunales inferiores.
Los demandantes, un grupo de inmigrantes a quienes se les concedió libertad condicional y estadounidenses que actúan como sus patrocinadores, demandaron a funcionarios de la administración alegando que ésta violó la ley federal que rige las acciones de las agencias gubernamentales.
En abril, la jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, determinó que la ley que rige dicha libertad condicional no permite la terminación general del programa, y que en cambio requiere una revisión caso por caso.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, se negó a suspender la decisión del juez.
En su presentación, el Departamento de Justicia le dijo a la Corte Suprema que la orden de Talwani había trastocado "políticas migratorias críticas que están cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal", deshaciendo efectivamente "políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel destacado en las elecciones de noviembre" que devolvieron a Trump a la presidencia.
Los demandantes dijeron a la Corte Suprema que enfrentarían graves daños si se les interrumpe la libertad condicional, dado que la administración ha suspendido indefinidamente el procesamiento de sus solicitudes pendientes de asilo y otros alivios migratorios.
Dijeron que serían separados de sus familias y sujetos inmediatamente a una deportación acelerada "a los mismos países despóticos e inestables de los que huyeron, donde muchos enfrentarán serios riesgos de peligro, persecución e incluso la muerte".
La libertad condicional de inmigración es una forma de permiso temporal bajo la ley estadounidense para estar en el país por "razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo".
Esto permite a los beneficiarios vivir y trabajar en los Estados Unidos.
Biden, un demócrata, utilizó la libertad condicional como parte del enfoque de su administración para disuadir la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México.
Biden permitió a partir de 2022 que los venezolanos que ingresaran a Estados Unidos por vía aérea solicitaran un permiso de dos años si pasaban los controles de seguridad y tenían un patrocinador financiero estadounidense.
Biden amplió ese proceso a los cubanos, haitianos y nicaragüenses en 2023, mientras su administración lidiaba con altos niveles de inmigración ilegal de esas nacionalidades.
Trump pidió poner fin a los programas de libertad condicional humanitaria en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero, su primer día de regreso al cargo.
Posteriormente, en marzo, el Departamento de Seguridad Nacional decidió darlos por terminados , acortando así las concesiones de libertad condicional de dos años.
La administración dijo que revocar el estatus de libertad condicional facilitaría la colocación de los migrantes en un proceso de deportación acelerada llamado "deportación acelerada".
Trump recuperó la Casa Blanca tras prometer intensificar la seguridad fronteriza y deportar un número récord de migrantes.
Hasta ahora, las deportaciones han sido inferiores a las del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden, cuya administración enfrentó niveles más altos de inmigración ilegal y deportó rápidamente a muchos inmigrantes que cruzaron la frontera recientemente.
Un amplio proyecto de ley sobre impuestos y gastos aprobado recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos destinaría unos US$150.000 millones a la aplicación de leyes migratorias, una suma sin precedentes.
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