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Los casos se habrían dado durante el segundo mandato de Alberto Fujimori; por ahora existen 3.000 mujeres denunciantes
La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al estado peruano por presuntos casos de esterilización forzada a más de 200.000 mujeres, la mayoría quechuahablantes, campesinas y pobres, bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva durante el segundo periodo de gobierno de Alberto Fujimori.
Los juicios al estado peruano se dan después de que uno de los casos más renombrados llegara hasta esta instancia penal; el caso es el de Celia Ramos, una peruana que murió luego de que se le realizara una ligaduras de las trompas de falopio de manera forzada en 1997. “Me siento contenta porque, después de tantos años, por fin internacionalmente se reconoce de alguna manera la responsabilidad que tiene el Estado peruano de reconocer la verdad de los hechos, no solo del caso de mi mamá, sino todo lo que sucedió alrededor de ese programa”, afirmó Marisiela Monzón Ramos, hija de la víctima.
Monzón Ramos también aseguró que haber llegado hasta este punto representa un paso significativo para el esclarecimiento y reparación de todas las víctimas (y sus familias) que sufrieron debido a una política estatal cruel y sistemática.
Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en el país desde que se denunciaron los hechos. Además de Alberto Fujimori, se han responsabilizado de estos hechos a los ministros de salud de su gobierno por haber dado, presuntamente, instrucciones para la ejecución del mencionado programa y haberle entregado incentivos al personal médico que participó en el mismo.
A estos hechos los han denominado como un “megacaso”; esto porque incluye a más de 3.000 personas denunciantes.
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