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Juicio en EE.UU a sobrinos de primera dama de Venezuela depende de testigo

viernes, 18 de noviembre de 2016
Foto: Reuters
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Durante los argumentos de cierre en una corte federal de Manhattan, el fiscal asistente Brendan Quigley reconoció que lo ocurrido con el testigo José Santos Peña es "un factor importante" en el juicio, pero pidió a los jurados que se concentren en otras evidencias contra Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores.

Los abogados los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, respondieron que el testigo "infecta todos los aspectos" del juicio. "¿Sin él, cuál es su caso?", preguntó al jurado David Rody, abogado de Flores de Freitas.

Hace dos días, los fiscales tomaron la inusual decisión de invalidar un acuerdo de cooperación con el testigo, después de que la defensa presentó evidencia que dijo que mostraba que había mentido y traficaba drogas en secreto.

Fue un revés para el Gobierno en un caso con potenciales consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Los fiscales han acusado a Flores de Freitas, de 31 años, y Campo Flores, de 30, de intentar usar uno de los aeropuertos de Venezuela para enviar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. Sus arrestos en noviembre fueron resultado de una operación encubierta que involucró a informantes pagados. Nunca se envió la droga.

Los fiscales dijeron que su objetivo era, en parte, conseguir efectivo para contrarrestar el financiamiento que ellos creían que Estados Unidos entregaba a la oposición antes de las elecciones legislativas de diciembre del 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela perdió su mayoría en la Asamblea Nacional después de la votación.

Quigley dijo el jueves a los jurados que deberían concentrarse en los mensajes de texto y grabaciones telefónicas que muestran que los sobrinos estaban "deseosos y entusiasmados por hacer operaciones de narcotráfico".

"La evidencia en Venezuela no viene de la boca de Santos Peña", dijo Quigley.

Los abogados de los acusados sostienen que sus clientes no son lo suficientemente entendidos para realizar un negocio de narcotráfico tan grande y fueron engañados por informantes que buscaban congraciarse con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que les pagaba grandes montos por atraer a objetivos de alto perfil.

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