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Expresidente Santiago Peña
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El abogado de Peña, Ricardo Preda, declaró a periodistas que su defendido se declaró inocente de los cargos
La justicia paraguaya ordenó el sábado la prisión preventiva del expresidente paraguayo Santiago Peña en una unidad militar, mientras la fiscalía investiga sus vínculos con el banco digital que colapsó dejando a millones de clientes afectados.
El juez Humberto Otazú dictaminó que el exmandatario, quien fue imputado por la fiscalía por lesión de confianza y administración en provecho propio, permanezca recluido en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, argumentando que la detención era necesaria para garantizar su permanencia en el país durante el proceso. Peña fue destituido el viernes mediante un juicio político en el Congreso.
El abogado de Peña, Ricardo Preda, declaró a periodistas que su defendido se declaró inocente de los cargos. "Vamos a someternos a la investigación y estoy seguro de que cuando termine esta investigación el resultado va a ser el sobreseimiento", agregó. .
Otazú también ordenó la prisión preventiva del exjefe del Banco Central, Carlos Carvallo, a quien le fueron imputados por la fiscalía los cargos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Carvallo no respondió a una solicitud de comentarios.
La fiscalía alegó que Peña utilizó su cargo de presidente para influir en las decisiones de organismos gubernamentales y entidades estatales, permitiendo que grandes cantidades de dinero público permanecieran depositadas en el intervenido banco ueno, a pesar de mantener vínculos financieros con la entidad.
Afirman que dicha relación generó un conflicto de intereses, ya que Peña presuntamente alentó, facilitó o influyó en decisiones que beneficiaban al banco.
Según la fiscalía, cada uno de los dos cargos que enfrenta Peña podría conllevar una pena de hasta 10 años de prisión.
La destitución de Peña llevó al poder al vicepresidente Pedro Alliana, un veterano político del gobernante Partido Colorado, quien prestó juramento el viernes para completar el mandato hasta agosto de 2028.
Los legisladores que respaldaron el juicio político contra Peña lo acusaron de incurrir en conflictos de intereses, manipular la supervisión regulatoria y participar en un encubrimiento institucional que involucra al Banco Central.
Peña, quien fue accionista de la sociedad matriz del intervenido banco ueno hasta marzo de 2025, ha negado haber cometido irregularidades y ha afirmado que los problemas del banco eran una cuestión regulatoria. "Quien tiene el control de supervisión sobre los bancos es el Banco Central, no el presidente de la República", dijo Preda.
El colapso dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus cuentas y provocó protestas en Asunción. El sábado, el Banco Central informó que se había desembolsado el equivalente a US$160 millones a cerca de 1,2 millones de depositantes, en el marco del sistema estatal de garantía de depósitos.
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