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Su fallo se produjo en el marco de una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes
Un juez federal estadounidense dictaminó el viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump impidió de manera ilegal que los solicitantes procedentes de 39 países afectados por la prohibición de viajar recibieran resoluciones sobre asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y ciudadanía.
El juez principal de distrito John McConnell, de Providence (Rhode Island), dictaminó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Uscis, adoptó una serie de políticas ilegales dirigidas a personas procedentes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
Su fallo se produjo en el marco de una demanda presentada en marzo por una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos que impugnaron un conjunto de políticas adoptadas a partir de noviembre por el Uscis, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Esas medidas suspendían la tramitación de las solicitudes de prestaciones de inmigración de personas procedentes de los 39 países sujetos a las prohibiciones de viaje totales o parciales de Trump, que este ha justificado por motivos de investigación de antecedentes y seguridad. Las tarjetas de residencia otorgan a los extranjeros la condición de residentes permanentes.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
McConnell, que fue nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, afirmó que esas políticas "sumieron en un limbo legal indefinido las vidas de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos".
El juez escribió: "La suspensión de las resoluciones por parte del USCIS no puede atribuirse a nada que estas personas hayan hecho mal; más bien, se debe únicamente a la casualidad de su lugar de nacimiento".
Afirmó que los inmigrantes en cuestión habían cumplido con los procesos legales que el Congreso había promulgado y que el Uscis había adoptado mediante reglamento, pero se habían visto "atrapados esperando, durante meses y meses, que el Uscis resolviera solicitudes de prestaciones que se niega a tramitar".
"Pero el Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual y, como es evidente en este caso, el Uscis no ha 'cumplido la ley' ni 'ha actuado correctamente'", escribió McConnell. "De hecho, la agencia ha infringido las mismas leyes de inmigración que el Congreso le ha encomendado administrar, así como las leyes administrativas que rigen las actuaciones de la agencia".
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