Juez de segunda instancia liberó a Michel Temer, expresidente de Brasil

Un juez de segunda instancia de Brasil liberó este lunes al expresidente Michel Temer, detenido el pasado jueves por presuntos desvíos millonarios de fondos, al considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso hasta el proceso.

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Temer, apuntado por la Fiscalía como presunto cabecilla de "una organización criminal", abandonó la sede de la Policía Federal en Rio de Janeiro alrededor de las 18:40 (21:40 GMT) en un auto policial con vidrios polarizados.

El magistrado Antonio Ivan Athié acogió un habeas corpus presentado por la defensa de Temer y justificó en su escrito que pese a los "indicios" existentes contra el exmandatario, referentes a supuestos sobornos recibidos en 2014, la prisión preventiva (hasta que un tribunal juzgue el caso) no tiene asidero legal.

"Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de (indicios) antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, (o) que estarían ocultando pruebas u obstaculizando" un eventual proceso criminal, afirmó Athié.

"No estoy contra la llamada [operación] Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales, aseguradas para todos, (...) con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga", añadió el magistrado.

La orden de liberación vale también para el exministro de Minas y Energía Moreira Franco, así como para otros sospechosos presos en la misma operación, confirmó el Tribunal Regional Federal TRF2 de Rio de Janeiro.

La Fiscalía afirmó que presentará un recurso para mantener las prisiones. La decisión será analizada en profundidad —en una fecha aún por definir— por otros dos jueces del TRF2, que pueden concordar o no con la liberación determinada por Athié.

Prisión "arbitraria", según el MDB
Temer, de 78 años, fue arrestado en Sao Paulo el pasado jueves y trasladado a Rio de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megaoperación Lava Jato contra la corrupción.

El caso está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Rio.

El Ministerio Público Federal (MPF) investiga "crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero", con "pagos ilícitos" efectuados por un empresario "para la organización criminal liderada por Michel Temer".

La prisión preventiva se justificaba, según el MPF, por la sospecha de que la presunta banda sigue "en plena actividad" y que en 40 años habría "obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1,800 millones de reales" (unos 470 millones de dólares al cambio actual).

La decisión de liberarlo "reconoció la arbitrariedad y la violación de los procedimientos", afirmó en un comunicado el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), partido de Temer y de Moreira Franco, que desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) fue aliado de casi todos los gobiernos, sean de izquierda o de centroderecha.

Temer, que es investigado por sospechas de corrupción también en otros procesos, se convirtió en el segundo expresidente brasileño detenido desde el retorno de la democracia.

El primero fue Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), quien purga desde abril de 2018 una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, también en el marco de la operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil.

Alabada desde 2014 por atreverse a ir tras prominentes empresarios y políticos —antes considerados "intocables"—, la operación Lava Jato también ha sido criticada.

Según algunos juristas, hace uso excesivo de herramientas como las órdenes de prisión (ejecutadas con ostentación y generalmente transmitidas en vivo por la TV) o de las llamadas "delaciones premiadas", por las que los implicados delatan a sus cómplices a cambio de una reducción de sus condenas.