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La semana pasada, el fiscal Alberto Nisman acusó al Gobierno de Cristina Fernández de Kichner de querer encubrir al grupo de iraníes sospechosos del ataque contra la mutual AMIA, en el que murieron 85 personas.
Según el fiscal, el Gobierno buscó "desincriminar" a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
Argentina, que sufre un déficit energético de unos 7.000 millones de dólares, buscaba comprar petróleo a cambio de granos y armas, señaló el fiscal.
El Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, desestimó las acusaciones y las describió como "ridículas" en declaraciones a un canal de televisión estatal.
El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida con al menos un disparo en el baño de su departamento en la capital argentina, horas antes de presentar los detalles de su denuncia en una reunión privada con diputados de Argentina en la tarde del lunes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel lamentó la muerte de Nisman "en circunstancias trágicas".
Según el comunicado enviado por el ministro el lunes, Nisman era un "jurista valiente y destacado que peleó incesantemente por la justicia, que trabajó con una gran resolución para exponer la identidad de quienes perpetraron el atentado terrorista y a aquellos que los enviaron".
"El Estado de Israel manifiesta su esperanza de que las autoridades argentinas continúe con la actividades de Nisman y que hagan todos los esfuerzos para exigir justicia a aquellos responsables por los ataques terroristas en Argentina", añadió la declaración.
La Justicia argentina ha acusado por el atentado a varios ciudadanos iraníes, entre ellos un ex ministro de Defensa, pero Irán ha rechazado esos cargos.
En el 2007, las autoridades argentinas consiguieron órdenes de arresto de la Interpol para cinco ciudadanos iraníes y un libanés por el atentado.
En 1992, otra bomba había destruido la embajada de Israel en la capital de Argentina en un ataque en el que murieron 29 personas.
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