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La medida incluye disposiciones que exigen la ejecución en la horca en un plazo de 90 días desde la sentencia, sin derecho a clemencia ni a la opción de imponer una pena de cadena perpetua
El parlamento de Israel aprobó el lunes una ley que establece la pena de muerte como sentencia predeterminada para los palestinos condenados en tribunales militares por ataques mortales, cumpliendo un compromiso asumido por los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu.
La legislación ha generado críticas internacionales a Israel, que ya se encuentra en el punto de mira por el aumento de la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania.
La medida incluye disposiciones que exigen la ejecución en la horca en un plazo de 90 días desde la sentencia, con cierta flexibilidad para retrasarla, pero sin derecho a clemencia ni a la opción de imponer una pena de cadena perpetua en lugar de la pena capital.
Israel abolió la pena de muerte en 1954. La única persona ejecutada en Israel tras un juicio civil fue Adolf Eichmann, uno de los artífices del Holocausto nazi, en 1962.
Los tribunales militares de Cisjordania ya pueden imponer la pena de muerte a los condenados palestinos, pero nunca lo han hecho.
La medida fue impulsada por Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha. "Este es un día de justicia para los asesinados, un día de disuasión para los enemigos", dijo Ben-Gvir en el Parlamento. "Quien elige el terror elige la muerte".
El presidente palestino, Mahmud Abás, condenó la legislación como una violación del derecho internacional y un intento condenado al fracaso destinado a intimidar a los palestinos.
"Tales leyes y medidas no quebrantarán la voluntad del pueblo palestino ni socavarán su firmeza", dijo la oficina de Abás en un comunicado. "Tampoco les disuadirán de continuar su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital".
Los grupos milicianos Hamás y la Yihad Islámica llamaron a los palestinos a lanzar ataques en venganza por la ley.
Las principales organizaciones de derechos humanos de Israel condenaron la ley como "un acto de discriminación institucionalizada y violencia racista contra los palestinos". La Asociación por los Derechos Civiles en Israel dijo que había presentado un recurso contra la ley ante el Corte Suprema de Israel.
Incluso antes de la votación, el proyecto de ley suscitó críticas por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, quienes afirmaron que tenía un carácter "de facto discriminatorio" hacia los palestinos y socavaba los principios democráticos de Israel.
Un grupo de expertos de la ONU señaló que el proyecto de ley incluye definiciones vagas de "terrorista", lo que significa que la pena de muerte podría imponerse por "conductas que no son genuinamente terroristas" por naturaleza.
Unos 54 países de todo el mundo permiten la pena de muerte, entre ellos algunas democracias como Estados Unidos y Japón, según Amnistía Internacional. La organización dice que la tendencia mundial en materia de pena de muerte se inclina hacia la abolición y que 113 países la han prohibido.
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