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La venta de nacionalidades o residencias es un recurso que han usado en España, Grecia y Rusia para mitigar las crisis económicas
Mucho se ha hablado de las formas en que los gobiernos han encontrado para poder inyectar capital a sus países luego de la crisis desatada por el coronavirus.
Sin embargo, los gobiernos de Chipre y Malta están en el ojo del huracán luego de conceder “pasaportes dorados” a quienes deseen obtener la nacionalidad europea y que este en capacidad de realizar cuantiosas inversiones dentro del territorio de estos países.
La medida no cayó en gracia dentro de la Unión Europea y en octubre de 2020 la Comisión Europea, con sede en Bruselas, abrió un expediente para investigar las razones y la validez del mecanismo implementado por las naciones costeras.
Frente a ese tema, la Comisión dijo que “cree que conceder la ciudadanía europea por unos pagos o inversiones predeterminadas y sin ningún vínculo real con el estado miembro en cuestión socava la esencia de la ciudadanía europea”.
Además, el organismo resaltó que si bien cada país es soberano en la toma de sus decisiones los temas de nacionalidad deben alinearse con lo estipulado en las leyes de los demás países miembros de la Unión Europea.
Cabe resaltar que no es la primera vez que este tema toca las fibras políticas del bloque. Chipre había lanzado por primera vez este programa en medio de la crisis nacional de 2013 con lo que logró recaudar más de US$7.000 millones mediante inversiones de 7.000 inversionistas rusos, chinos y ucranianos.
Finalmente, Rusia tiene una ley vigente que concede permisos de residencia a quienes puedan invertir US$2,65 millones en proyectos dentro del país. España y Grecia también han aplicado el cobro en sus crisis.
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