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El escándalo ha remecido a la clase política de Brasil y ha minado el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue reelecta en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país.
Un funcionario judicial dijo el viernes que 54 personas serían investigadas, incluidos senadores y diputados, 53 de ellos miembros de la coalición gobernante de Rousseff.
La lista la encabezan el presidente del Senado Renan Calheiros y Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno.
Dos miembros del gabinete del primer mandato de Rousseff están bajo investigación: la senadora Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de la presidencia, y el ex ministro de Energía Edison Lobão.
Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), será investigado.
Bajo la ley brasileña, los funcionarios elegidos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema, la que ahora debe decidir con la ayuda de los fiscales si existen evidencias suficientes para someterlos a juicio.
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