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"La condena fue emitida después de un proceso judicial de 19 meses a puerta cerrada y marcado por graves irregularidades", denunció Seong-Phil Hong, quien ejerce de presidente y relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
En representación de esta instancia, Hong precisó que en este caso no se respetaron ni el debido proceso legal ni las garantías judiciales.
Tampoco se hicieron públicos los fundamentos de las imputaciones, no se permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas que ofreció para su descargo, agregó.
La Justicia venezolana encontró a López culpable de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional en el contexto de manifestaciones contra el gobierno en febrero de 2014.
Esas protestas se tornaron violentas y en ellas murieron 43 personas.
Además de la libertad de López, el grupo de trabajo de la ONU pidió que se le otorgue una reparación integral, que incluya una compensación de carácter material y moral.
El órgano de derechos humanos también instó al Gobierno venezolano a que tome en cuenta su solicitud para que sus miembros visiten el país con el fin de aportar al reforzamiento del Estado de Derecho.
Ello mediante el respeto de la independencia del Poder Judicial, de las garantías judiciales, del debido proceso y de la sanción efectiva de los responsables de detenciones arbitrarias, mencionó el grupo de trabajo en un comunicado.
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