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Los sectores exportador y lácteo alertan sobre posibles pérdidas en la cadena productiva, dificultades para conservar alimentos y amenazas a miles de empleos ante las restricciones al suministro
La industria ecuatoriana enfrenta nuevos desafíos ante las restricciones al suministro eléctrico que pueden alcanzar las 72 horas semanales para determinados usuarios industriales. La medida, adoptada por la limitada generación de energía, motivó a varios gremios a solicitar al Gobierno de Daniel Noboa alternativas que permitan reducir las consecuencias económicas y laborales.
Las disposiciones afectan a empresas de Alto Voltaje 1 (AV1) y a ciertos consumidores industriales de media tensión. Según las organizaciones empresariales, las interrupciones prolongadas dificultan mantener el ritmo de producción, cumplir contratos y controlar los costos operativos.
La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) advirtió que los cortes podrían perjudicar el comercio exterior, especialmente porque alrededor de 75% del volumen de carga exportada corresponde a productos perecederos que necesitan condiciones específicas de conservación.
La industria láctea también expresó su preocupación. El Centro de la Industria Láctea del Ecuador estima que las restricciones podrían comprometer aproximadamente 4.000 empleos directos y afectar la producción diaria de 1,8 millones de litros de leche.
Ambos sectores solicitaron una mayor coordinación con las autoridades para evitar que las limitaciones energéticas interrumpan procesos esenciales y generen pérdidas en las cadenas productivas.
La Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de Industrias de Tungurahua, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) también manifestaron su inquietud.
Los gremios señalaron que los cortes pueden reducir la competitividad de las compañías, afectar los ingresos familiares y poner en riesgo la estabilidad laboral. Aunque respaldan las iniciativas de ahorro energético, consideran necesario establecer mecanismos que permitan administrar la demanda sin paralizar las operaciones industriales.
Las organizaciones mantienen su disposición a colaborar con el Gobierno para encontrar soluciones que contribuyan a estabilizar el sistema eléctrico y, al mismo tiempo, proteger la producción nacional, las exportaciones y el empleo.
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