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Así lo ha anunciado hoy el holding que controla las aerolíneas Iberia mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según los términos del acuerdo firmado en marzo con el primer accionista de Air Europa, IAG tenía la posibilidad de ejercer esta opción antes de que expiraran los siete años de plazo del préstamo.
La operación valoraba Air Europa en 500 millones de euros (sin deuda), justamente el último precio que acordaron ambos grupos, en enero de 2021, dentro de las negociaciones, que comenzaron oficialmente en noviembre de 2019.
Entonces, IAG y Globalia pactaron un precio de 1.000 millones de euros que fue recortado a la mitad en enero de 2021 por el impacto del coronavirus, tan solo tres meses después de que el Gobierno estrenara los rescates de empresas estratégicas con una ayuda de 475 millones de euros para Air Europa.
La aerolínea anunció en junio la designación del expresidente de El Corte Inglés, Nuño de la Rosa, como consejero delegado en sustitución de Valentín Lago, que asumió el cargo dos meses después del rescate de la Sepi y cuya principal tarea era pilotar Air Europa hasta que pasase a manos de IAG, algo que no sucederá, aun cumpliéndose todos los plazos, antes de 2024.
El nombramiento se produjo de común acuerdo entre Air Europa y la Sepi. El Gobierno español ha trasladado en varias ocasiones su apuesta por la venta de Air Europa a Iberia para consolidar el hub de Madrid frente a otros grandes aeropuertos europeos, sobre todo a raíz de la opción de que Air Europa fuera adquirida por otra aerolínea.
Resultados IAG
IAG presentó sus resultados correspondientes al primer semestre del año a finales de julio.
El grupo redujo sus pérdidas un 68% hasta junio (654 millones de euros), pero logró entrar en beneficios en el segundo trimestre del año, en el que ganó 133 millones de euros, gracias al impulso de la demanda y a la recuperación del mercado.
De hecho, la compañía mostraba su confianza en que no habrá nuevos "contratiempos" relacionados con el Covid y las restricciones a la movilidad.
Solo en intereses, las naciones en desarrollo pagaron US$415.000 millones, recursos que dejaron de destinarse a servicios esenciales como educación, salud primaria o infraestructura básica
El índice califica el riesgo político en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el riesgo máximo y el peligro inminente de colapso
Los niveles de empleo se mantuvieron prácticamente sin cambios, como consecuencia de la reticencia de las empresas a contratar
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