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De este grupo de denuncias, cuatro están pendientes de calificación. Todas ellas están relacionadas a la represión en las protestas
En diciembre pasado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia presentada contra la entonces vicepresidenta Dina Boluarte; que recomendaba su inhabilitación por el plazo de 10 años.
Sin embargo, esta no es la única acusación que pesa contra la actual presidenta. Este diario supo que el grupo que preside Lady Camones tiene en trámite nueve denuncias constitucionales en contra de la jefa de Estado.
De este grupo de denuncias, cuatro están pendientes de calificación. Todas ellas están relacionadas a la represión utilizada en las protestas y los fallecidos producto de las manifestaciones.
Respecto a las cinco denuncias restantes, una se encuentra en la Comisión Permanente, que deberá otorgar el plazo de la indagación, y las otras cuatro regresaron a la subcomisión para que se notifique a los investigados a fin de que brinden sus descargos.
A su vez, el premier Alberto Otárola enfrenta cuatro denuncias constitucionales pendientes de calificación, todas ellas también relacionadas a las muertes registradas en las protestas.
Se dará prioridad
Al respecto, Camones informó que las denuncias pendientes por calificar que pesan contra Otárola y Boluarte podrían acumularse en un solo expediente.
“Todas estas denuncias están referidas a las marchas y las protestas. Como se se trata de un mismo hecho, lo más probable es que se acumulen y tengamos un solo informe, para tomar una sola decisión”, dijo a Gestión.
La legisladora añadió que una vez que los congresistas regresen de su semana de representación se dará prioridad a la calificación de estas denuncias.
Sobre el tiempo que demorarán en tener un informe final sobre el caso y su respectiva votación, recalcó que eso dependerá de algunos factores como, por ejemplo, una probable ampliación de plazo (de la investigación) a pedido de los denunciados.
“Los legisladores ponentes de la investigación también suelen pedir más plazo. Si no hay ningún contratiempo, el caso podría estar resuelto en dos meses y medio a tres meses, y si hay una ampliación (de plazo), se demoraría entre tres a cuatro meses”, enfatizó.
Denuncias pendientes
Si bien el vacado expresidente Pedro Castillo afronta 18 meses de prisión preventiva por haber perpetrado un golpe de estado, aún registra denuncias en el Congreso por otros casos.
En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay 11 denuncias contra Castillo que se encuentran en agenda. De este grupo, 10 están pendientes de calificación y la otra, relacionada al golpe de Estado, se encuentra en audiencia de determinación de hechos y pertinencia de pruebas.
“En el caso de Castillo, hemos tratado de avanzar, en lo posible, para disminuir la cantidad de denuncias que tenía (27). Muchas de ellas han sido declaradas improcedentes porque no señalan el delito ni la infracción”, acotó.
Respecto a la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo, Camones recordó que el informe final de ese caso ya se aprobó en la subcomisión y ahora se encuentra en la Comisión Permanente, que deberá evaluar la participación, de manera virtual, del exmandatario para ejercer su derecho de defensa.
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