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Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile. El texto estará disponible para incorporar comentarios de los delegados de las tiendas políticas hasta el miércoles.
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El Ejecutivo entrega detalles de nuevas medidas, como las revisiones periódicas al gasto público o el uso del registro de beneficiarios finales de empresas para sancionar uso de información privilegiada.
Durante la tarde de ayer, los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria recibieron un documento de 23 páginas, en calidad de borrador.
Emanado desde el Ministerio de Hacienda, el texto es la propuesta semi definitiva que entregó el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo por un pacto fiscal, que hoy amplía su denominación a “Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal”.
El texto estará disponible para incorporar comentarios de los delegados de las tiendas políticas hasta mañana miércoles, de cara a que Teatinos 120 oficialice un virtual acuerdo entre fines de esta semana e inicios de la próxima, lo que permitiría allanar el camino para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, rechazada en marzo en la Cámara.
En el documento, el Gobierno hace un llamado a un acuerdo político que identifique los proyectos que serán presentados al Congreso y un “compromiso de las fuerzas políticas para asignarles prioridad”.
El conjunto de medidas busca recaudar 2,7% del PIB -o US$ 8.000 millones- en un lapso de seis años, además de establecer un horizonte de “estabilidad y progreso social por los próximos diez años”, dice el borrador.
Así, la propuesta está dividida en seis componentes: necesidades y prioridades de gasto; compromisos de reforma para fortalecer la transparencia en el Estado; impulso al crecimiento; principios para un sistema tributario moderno; fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta; y mecanismos para seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto.
El primer eje reitera los puntos ya conocidos, como que la mayoría de los recursos recolectados irá a pensiones (1,2% del PIB), seguido de salud (0,9% del PIB), prevención, seguridad pública y crimen organizado (0,3% del PIB) y protección social (0,3% del PIB). En este último punto se entregaron más detalles del nuevo beneficio que permitirá deducir gastos en materia de cuidados de niñas y niños de hasta dos años y personas dependientes, con el que se busca beneficiar a 400 mil personas.
Asimism0, se deja establecido que se analizará la inversión pública por nivel educacional antes de asumir nuevos compromisos de gasto en educación.
Se incorporan 12 medidas, destacando la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas (Acpp) que evaluará proyectos, programas y políticas, además de revisar la política regulatoria del Estado; la aplicación de revisiones “selectivas” del gasto público, en área como desembolsos en personal, tecnologías de información, arriendo de inmuebles y gastos en personal, para encontrar espacios de ahorro con un horizonte de al menos tres años, partiendo en 2024.
También, se presentará un proyecto para aplicar las sugerencias de la Comisión Jaraquemada en la regulación entre el Estado y las organizaciones privadas sin fines de lucro.
Adicionalmente, se incluirá una agenda de fortalecimiento del empleo público; se retomará el trámite del proyecto de “Regiones más fuertes”; se agilizará la ejecución de la inversión pública; y se actualizará la Ley de Responsabilidad Fiscal, entre otras propuestas.
En esta línea, destaca la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, que será administrado por el SII y que, dice el borrador, permitirá prevenir y eventualmente “sancionar irregularidades como el uso de información privilegiada, conflictos de interés, así como responsabilizar a los propietarios por las acciones de las empresas”.
Es el pilar que contempla más medidas, con más de 30, distribuidas en cinco categorías: racionalización regulatoria de proyectos de inversión; incentivos tributarios a la inversión y la productividad; diversificación productiva; desarrollo de infraestructura; y formalización de la economía.
El primer contempla toda la agenda para modernizar los permisos sectoriales, con la eliminación del Consejo de Ministros; la creación de un marco legal común para los permisos; la reforma a las autorizaciones de concesiones marítimas; los cambios para mejorar la gestión de los permisos que pasen por el Consejo de Monumentos Nacionales; la modernización de las Direcciones de Obras Municipales; así como el fondo de créditos tributarios para proyectos con efecto multiplicador; los incentivos al I+D; el fomento a la reinversión de utilidades en el Régimen Pyme; y el compromiso de acelerar el desarrollo de sectores como la minería limpia, el litio, las energías renovables, la economía digital y el hidrógeno verde.
Este capítulo también contempla las medidas para atacar la informalidad y promover la formalización de los contribuyentes, con cambios al IVA y la obligación de los proveedores de POS de exigir inicio de actividades a los contribuyentes con quienes inicien operaciones.
Este pilar contempla la modernización y fortalecimiento de organismos públicos como el SII, la Tesorería, la Dedecon, Aduanas y los Tribunales Tributarios.
Pero también se crean nuevas figuras, como el “denunciante anónimo” para la persecución de delitos tributarios; se crea la figura de la colaboración sustancial en delitos fiscales; deja al debate legislativo la decisión sobre si la Norma General Antielusión se aplicará por la vía judicial o administrativa; y reducir espacios elusivos en el impuesto a la herencia y donaciones.
En este capítulo se incorporan también los cambios al impuesto a la renta que se presentarán en marzo, como la rebaja del tributo corporativo; los aumentos de impuestos a las personas de altos ingresos; el compromiso de modificar el esquema de la “tasa de desarrollo”; la eliminación de exenciones tributarias; y los nuevos regímenes y beneficios para las Pyme, por citar algunos.
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