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Grupo Cipriani y Sunca acordaron reintegro de trabajadores para retomar obras en el ex San Rafael
A fines de julio, Criba -la constructora principal- determinó el envío de más de 200 trabajadores al seguro de paro y suspendió las obras
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La obra del Grupo Cipriani en el ex hotel San Rafael estuvieron detenidas, y con trabajadores en el seguro de paro, por un conflicto contractual con la constructora Criba. Luego de días de tensión, los ánimos se calmaron y la compañía italiana acordó con el sindicato el reintegro del personal que cumplía tareas en el proyecto.
Las últimas semanas fueron complejas para la construcción del complejo en Punta del Este. A fines de julio, Criba -la constructora principal- determinó el envío de más de 200 trabajadores al seguro de paro y días atrás suspendió las obras. El origen del problema fue un diferendo comercial entre ambas compañías que motivó recriminaciones mutuas. Criba indicó que tenía facturas pendientes y Cipriani afirmó que no mantenía ninguna deuda.
El fin de semana pasado, las dos compañías mostraron la intención de seguir adelante con el proyecto, aunque con diferentes tonos. Un comunicado de la empresa italiana afirmó que quería asegurar la continuidad y finalización de la obra y agregó que estaba dispuesta a terminar la relación con la empresa contratada. La respuesta de la constructora fue que quería continuar “destinando los recursos y capacidades necesarias, con total vocación de encontrar soluciones que permitan dar continuidad al proyecto”.
Este martes, las dos empresas comenzaron una negociación para analizar la continuidad del vínculo comercial o, en caso contrario, finalizarlo
En ese escenario faltaba el tercer actor involucrado: el sindicato de la construcción, Sunca. Para facilitar la vuelta a la actividad -con Criba u otra empresa a cargo- debía resolverse la situación de los trabajadores en el seguro de paro.
Este martes, Giuseppe Cipriani y sus asesores se reunieron con una delegación del Sunca de Maldonado encabezada por el dirigente Michael Pistone.
El preacuerdo firmado por las partes establece el compromiso de otorgar la “posibilidad real y efectiva a la totalidad de los trabajadores que ya formaban parte de la obra de reincorporarse a sus tareas”. Ese compromiso es para empleados, tanto de la constructora como de empresas subcontratadas, que estuvieran vinculados al proyecto desde el 1º de julio en adelante y que manifiesten su voluntad de continuar.
Además, Cipriani se hará cargo de los jornales de trabajadores que no hayan accedido al seguro de paro, pero sí a la orden, desde la misma fecha.
El acuerdo incluye una cláusula de relacionamiento laboral en que las partes que asumieron mantener un canal de diálogo abierto y monitorear en forma conjunta el estricto cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral y el convenio colectivo vigente del sector de la construcción (firmado recientemente entre las cámaras empresariales y el Sunca).
El tercer punto apunta a generar mecanismos de prevención de conflictos y toma parte de un artículo del convenio general del sector. Allí señala que las partes actuarán de buena fe y canalizarán cualquier diferencia mediante ámbitos de negociación previstos, antes de promover medidas que puedan afectar la actividad.
Este martes, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, participó del evento Conexión Uruguay - Brasil organizado por El Observador y Piso 22 y habló sobre la situación del proyecto hotelero. “Son conflictos entre particulares”, dijo y agregó que el gobierno departamental no ha intervenido en el tema.
"Es algo que para nosotros se va arreglar entre particulares como corresponde y que prontamente va a seguir. El hotel ya está casi finalizado, habrá un tema de permisos que habrá que conversar", señaló.
El intendente relativizó que la conflictividad observada en Maldonado en los últimos meses haya desalentado las inversiones en el departamento.
"Las inversiones no han parado. Puedo nombrar cinco o seis y todas por arriba de US$100 millones y no se han visto impedidas por una negociación salarial”, expuso.
Los activos, que incluyen una participación en derechos de perforación en la Faja del Orinoco fueron revocados por el gobierno anteriormente
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