MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Ecuador espera firmar en los próximos meses dos créditos por unos US$9.000 millones con un banco chino para financiar la construcción de una refinería clave para el país.
La refinería del Pacífico es un proyecto impulsado por un consorcio entre las estatales Petroecuador, la venezolana Pdvsa y la china Cnpc, con una capacidad de unos 200.000 barriles diarios y que entraría en operación en el 2017.
El primer crédito, por US$2.000 millones, será entregado a Petroecuador, mientras que el segundo, por unos US$7.000 millones, “será firmado hasta septiembre” y se otorgará al consorcio para la ejecución del proyecto, dijo el Ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.
“El primer tramo que se refiere al capital de Petroecuador debe estar cerrado en julio y firmado en agosto”, afirmó Poveda en un encuentro del presidente Rafael Correa y sus ministros con la prensa extranjera. El funcionario explicó además que estos recursos serán asumidos directamente por la estatal petrolera. Los créditos serán otorgados por el Banco Industrial de China (Icbc), pero Poveda no quiso revelar las condiciones financieras de los empréstitos.
Los otros socios, Pdvsa y Cnpc, realizarán aportes de capital al proyecto de acuerdo a su participación accionaria de 19% y 30%, respectivamente. El costo total de la refinería asciende a 10.000 millones de dólares.
La planta procesadora está ubicada en la zona costera de Ecuador y es considerada uno de los proyectos clave del Gobierno, en su afán de modificar la matriz energética de la nación petrolera.
Actualmente, se están realizando obras de ingeniería civil en la zona en la que se construirá la refinería, al oeste del país, en la provincia de Manabí.
El metal precioso se ha revalorizado más de 29% este año y va camino de obtener su mejor desempeño anual desde 2010
El crudo esquisto representa ha puesto al país en camino de alcanzar niveles de producción nunca vistos en más de 20 años
La medida podría paralizar la capacidad del Gobierno para investigar y regular la seguridad de los vehículos con sistemas de conducción automatizada