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La medida se da en el marco del avance de la “Ley Hojarasca”, en el Congreso, aunque en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria
El Gobierno oficializó este martes la eliminación de más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal. La decisión se concretó mediante la Resolución 12/2026, firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne.
En este sentido, derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios, en el marco del proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger.
Esta resolución oficial de la Secretaría de Industria y Comercio de Argentina formaliza la derogación de diversas normativas para simplificar el marco legal vigente. El documento argumenta que muchas reglas previas, como el control de precios en cuotas escolares y programas de fomento al consumo, perdieron “su propósito y eficacia económica“.
Con esta medida, apuntan a eliminar la incertidumbre jurídica causada por la acumulación de leyes que, en muchos casos, resultan contradictorias. El objetivo central es modernizar la administración pública, promoviendo la "transparencia y la libertad de mercado en beneficio de los ciudadanos".
El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.
La medida se da en el marco del avance de la “Ley Hojarasca”, en el Congreso, aunque en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria. La Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita a nivel parlamentario y apunta a eliminar normas de rango legal.
“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”, explica el texto oficial.
El texto oficial publicado este martes advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.
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