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La procuraduría detalló que fue en abril, un mes después de haber sido nombrada Arely Gómez en el cargo, cuando el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su decisión de que Guzmán —entonces recluido— fuera puesto a disposición de las autoridades de EU.
Sin embargo, precisó, fue hasta el 16 de junio y el 31 de agosto del 2015 cuando el gobierno de Estados Unidos presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) las peticiones formales de extradición.
La PGR precisó que se inició el análisis de las solicitudes, y el 25 de junio y tres de septiembre del 2015, la SRE determinó que las peticiones formales reunían los requisitos del tratado bilateral de extradición, por lo que las transmitió a la PGR.
De ese modo, los jueces federales tercero y octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal otorgaron a la PGR órdenes de detención con fines de extradición internacional, el 29 de julio y el 18 de septiembre del 2015.
Por separado, el titular del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero, precisó que Guzmán Loera ha registrado al momento a cuatro abogados para su ingreso al penal del Altiplano: José Refugio Rodríguez Núñez, Cynthia Castillo Castillo, Carlos Castillo Castillo y Alejandro Granados. Negó que el abogado José Luis González sea representante legal de Guzmán, y aclaró que ya no se permitirá el ingreso de tantos abogados, sino que el Chapo tendrá que nombrar a un coordinador.
La enmienda y el proyecto de resolución requieren cada uno al menos nueve votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido o Francia para ser aprobados
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